MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El periodista Carlos Fernando Chamorro, conocido por su firme oposición al Gobierno de Daniel Ortega, ha regresado este lunes a Nicaragua tras pasar casi un año exiliado en Costa Rica, en el marco de la crisis política que sufre su país.
"A pesar de que no hay garantías para regresar, hemos decidido --un grupo de ciudadanos--, asumiendo cada quien su cuota de responsabilidad, regresar al país", ha dicho a la prensa nada más llegar a Managua, según informa el diario nicaragüense 'La Prensa'.
Se ha declarado "muy emocionado, especialmente emocionado", porque ahora podrá volver a ver a su madre. "Los valores de mi madre, con el legado de mi padre, es lo que me mantiene, el sostén que me da confianza y seguridad de que Nicaragua volverá a ser República", ha explicado.
Chamorro es hijo de Pedro Joaquín Chamorro, otro destacado periodista que murió asesinado en 1978 durante la dictadura de Anastasio Somoza, y de la ex presidenta Violeta Barrios.
Además, ha confirmado que seguirá "haciendo periodismo". "Le hemos hecho antes y lo hacíamos desde Costa Rica (...) Seguiremos derrotando la censura televisiva gracias a los medios independientes", ha indicado.
Junto a Chamorro han regresado su mujer, Desiré Elizondo, la también periodista Jennifer Ortiz y Álvaro Antonio Gómez, padre de un joven que murió por la represión de las protestas contra Ortega, así como otras cinco personas.
Chamorro, uno de los informadores más influyentes de Nicaragua, anunció el pasado mes de enero de que había adoptado la "dolorosa decisión" de exiliarse en Costa Rica porque temía por su "integridad física" y su "libertad".
En diciembre de 2018, la Policía irrumpió en el Canal 12, el semanario 'Confidencial' y la 'Revista Niú', propiedad de Chamorro, confiscando diverso material y deteniendo a varias personas.
Nicaragua sufre una crisis política desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta demandar la "democratización" de la nación centroamericana, en el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.
Más de 300 personas murieron por la represión de las protestas y cientos fueron detenidos, a lo que hay que sumar algunas desapariciones. Expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos recomendaron juzgar a Ortega por crímenes de lesa humanidad.