WASHINGTON, 12 (EUROPA PRESS)
Estados Unidos ha sancionado este jueves por corrupción a Rafael Antonio Ortega Murillo, uno de los seis hijos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el marco de la crisis política en la nación centroamericana.
"Rafael Ortega es clave en la gestión del dinero que está detrás de los esquemas ilícitos de financiación de la familia Ortega", ha dicho el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.
Ortega Murillo es el segundo hijo del matrimonio formado por el presidente y la vicepresidenta, Rosario Murillo, en incorporarse a la 'lista negra' del Departamento del Tesoro. Estados Unidos ya sancionó a Laureano Ortega Murillo el pasado mes de abril.
Además, las autoridades norteamericanas han sancionado a tres empresas --Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), Servicio de Protección y Vigilancia e Inversiones Zanzibar-- con sede en Managua.
De acuerdo con el Tesoro, Ortega Murillo utiliza Servicio de Protección y Vigilancia e Inversiones Zanzibar "para generar beneficios, blanquear dinero y conseguir un acceso preferente a los mercados para el régimen" de su padre, mientras que la familia usaría DNP para "su enriquecimiento personal" a través de contratos públicos.
Como consecuencia de estas sanciones, los activos que Ortega Murillo y estas tres empresas posean bajo jurisdicción estadounidense quedarán bloqueados y las personas jurídicas y físicas no podrán hacer negocios con ellos.
Estados Unidos ha dictado numerosas sanciones contra altos cargos del Gobierno nicaragüense, incluidos Ortega y Murillo, por violaciones de los Derechos Humanos y corrupción.
Nicaragua sufre una crisis política desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta demandar la "democratización" del país, el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.
Más de 300 personas murieron por la represión de las protestas y cientos fueron detenidos, a lo que hay que sumar algunas desapariciones. Expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos recomendaron juzgar al líder sandinista por crímenes de lesa humanidad.