Montoro anuncia que la interventora de la Generalitat ha enviado los certificados de gastos que Junqueras negaba

En comparecencia ante el Congreso, Montoro ha asegurado que los dos envíos han llegado firmados por la interventora, no por Junqueras, y que Hacienda está revisando la documentación para comprobar que ningún pago de la administración catalana va dirigido a la organización del referéndum de independencia del uno de octubre.

El ministro ha criticado el "proceder errático" de la generalitat, el "caos" con el que está funcionando y que estas certificaciones hayan llegado "sin que nadie explique nada" ni nadie "rectifique" a Junqueras, quien anunció que dejaba de enviar esa información semanal requerida porque la Generalitat se atiene ya a una nueva legalidad propia, no la del Estado.

INTERVENCIÓN "INDEFINIDA"

Montoro ha repasado ante el Congreso las medidas reforzadas impuestas a la Generalitat ante el reto secesionista, la asunción por Hacienda de los pagos de nóminas y de los servicios básicos fundamentales, así como la no disponibilidad presupuestaria.

Según ha subrayado, para el Gobierno son medidas "proporcionales al riesgo" y al "peligro" de la situación y que se mantendrán por tiempo indefinido, "el que sea preciso" para garantizar el atenimiento a la legalidad vigente y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.

De acuerdo a la comparecencia de Montoro, el principio de no disponibilidad de gasto en Cataluña "trata de evitar que se puedan destinar gastos a actividades ilícitas", así, "para que estos gastos no dificulten la financiación de otras actividades de interés general que surjan, el Gobierno acuerda esta decisión"

"CATALUÑA, PONE EN RIESGO LA RECUPERACIÓN"

"Las autoridades catalanas se están inventando un limbo jurídico, pretendiendo que las normas del Estado ya no le afectan", ha advertido Montoro, que ha reiterado que las leyes son de obligado cumplimiento y que estos riesgos que emanan de Cataluña "agravan aún más la estabilidad que repercute en el crecimiento económico y suponen una amenaza directa para las finanzas públicas". Por ello, ha explicado que esta situación ha sido la que ha obligado al Gobierno a intervenir en el servicio de sus funciones.