La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este jueves que el impuesto a las transacciones financieras, también conocido como 'tasa Tobin', servirá para “reducir las distorsiones en la competencia, desalentar prácticas especulativas y arriesgadas y prevenir futuras crisis” y que también “busca una justa contribución del sistema financiero que compense el papel en la crisis económica y el coste de los rescates que se sufragaron por los contribuyentes y que ascendieron a 4,6 billones en el contexto europeo”.
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Así lo indicó durante el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados de las enmiendas de totalidad presentadas por los grupos parlamentarios de PP, Vox y Ciudadanos para rechazar y detener la tramitación del proyecto de ley del impuesto a las transacciones financieras, con el que el Ejecutivo prevé recaudar 850 millones de euros al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros.
Durante su intervención para defender la tramitación del nuevo tributo, Montero apuntó que actualmente las operaciones que se pretenden gravar “no se sujetan a impuesto alguno”, ya que “existe un vacío legal en este tipo de figuras porque la fiscalidad tradicional no está adaptada a este volumen de operaciones”. Así, advirtió que existe “un privilegio inaceptable y un agravio para el conjunto de los contribuyentes”.
Además, la ministra defendió que este impuesto “no es un invento del Gobierno español, ni una excentricidad” ya que “son años trabajando en el entorno europeo para encontrar unanimidad sobre un tributo de este tipo, común y homogéneo, y que tiene como referencia la propuesta de directiva que lanzó la Comisión Europea en 2011”.
En este sentido, Montero recordó que la idea de dicha directiva era que este impuesto entrara en vigor a nivel comunitario en 2014, con una estimación de ingresos de en torno a 57.000 millones de euros para los 27 países miembro de la UE, pero que, ante el retraso en alcanzar un acuerdo al respecto, diez países -Bélgica, Chipre, Francia, Italia, Finlandia, Rumanía, Grecia, Irlanda, Polonia, Reino Unido- “ya lo aplican de alguna forma". Además, explicó que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo contempla adaptar el tributo cuando se acuerde una figura común para la UE.
Por todo ello, Montero criticó que PP, Vox y Ciudadanos utilicen en sus enmiendas a este tributo los mismos argumentos utilizados en las debatidas la semana pasada sobre la 'tasa Google' y que, en su opinión, demuestran que “más que enmiendas a la totalidad de este decreto”, lo que hacen es “enmendar el sistema tributario” con un “peligroso intento de deslegitimación del sistema tributario”.
