La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este miércoles que "no entiende las críticas" que por parte de grupos políticos y alcaldes se está realizando al acuerdo alcanzado entre su departamento y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos, y ha apuntado que "no tendría ningún sentido" que el Congreso de los Diputados no convalidara el decreto ley que lo recoge.
Así lo ha expresado la ministra a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Rota (Cádiz) en la que ha querido defender las "ventajas" de dicho acuerdo con la FEMP, subrayando que "es la primera vez desde la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad que el Gobierno pone encima de la mesa una solución a un problema de utilización de los remanentes que no tiene capacidad de poder ejecutarse por límite constitucional" y de la citada ley orgánica.
La ministra ha incidido en que, con esta propuesta, el Gobierno, por una parte, establece que los ayuntamientos no estarán sujetos a las normas fiscales que en este momento quedarían suspendidas, fundamentalmente la regla de gasto para 2020, y autoriza a los consistorios a que puedan utilizar su remanente hasta el límite que les proporciona el déficit.
Además de eso, según ha continuado la titular de Hacienda, el convenio pone en marcha un procedimiento para aliviar la carga financiera de ayuntamientos en quiebra o en dificultades económicas con la posibilidad de reestructuración de su deuda, a través de diferentes mecanismos.
Asimismo, el Gobierno de España pone a disposición de todos los ayuntamientos un fondo para el transporte, para compensar la caída de viajeros con motivo de la pandemia del coronavirus y, por tanto, el mantenimiento de las líneas de transporte por un importe máximo de 400 millones de euros, según ha resaltado.
PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS REMANENTES
De igual modo, el convenio también establece la posibilidad de que los ayuntamientos que tengan remanente positivo de tesorería, que son la gran parte en España, puedan por una parte recibir un dinero a fondo perdido, que consiste en la puesta a disposición de 5.000 millones de euros en dos años, mientras que los consistorios, por su parte, tienen que poner a disposición del Gobierno los remanentes para un préstamo que será devuelto íntegramente en el plazo de diez años o superior si a los ayuntamientos les interesa ampliar ese tiempo.
Se trata de algo "voluntario" para los ayuntamientos, según ha remarcado la ministra, de forma que "aquel que no quiera poner los remanentes a disposición" del Gobierno, "no lo pondrá", ha confirmado Montero, para quien, por ello, "no se entienden las críticas que se están planteando por algunos grupos" políticos en relación a este acuerdo.
Ha admitido, no obstante, que la solución que ha dado el Gobierno de España es "compleja" porque la pregunta no tenía una solución fácil, y el problema más importante era el límite que plantea el artículo constitucional que dice que los ayuntamientos no pueden incurrir en déficit.
Ante esta dificultad, Montero ha insistido en que lo que hace el Gobierno es quedarse con el déficit de los ayuntamientos a través de una propuesta que permite inyectar en pueblos y ciudades 5.000 millones de euros en dos años.
"LA ÚNICA SOLUCIÓN POSIBLE"
Montero ha comentado que "no se entienden algunas críticas" por parte del PP, desde donde llegan a "hablar de confiscación de los ahorros de los ayuntamientos cuando se trata de un préstamo que el Gobierno de España no necesita" porque cuenta con una "magnífica situación en los mercados".
"El hecho de tener que suscribir esos préstamos con los ayuntamientos incorpora un incremento de nuestra carga administrativa", según ha abundado la ministra de Hacienda, antes de apostillar que se ha buscado "la única solución posible que permitiera, a juicio de los abogados del Estado, que los ayuntamientos pudieran gastar ese superávit".
A la pregunta de si el Gobierno tiene un "plan B" para el caso de que el Congreso no convalide el decreto que recoge este acuerdo, ha respondido que quienes deben tener dicho plan son aquellos que "no quieren que el convenio salga" adelante, y ha insistido en que el Ejecutivo "ha hecho todo lo posible por intentar hacer algo" sobre lo que "hasta la fecha el PP no había intentado hacer nada".
Por eso, la ministra de Hacienda ha dicho que le "sorprenden" las "críticas exacerbadas de los alcaldes del PP", cuando desde 2011, con la aprobación de la Ley de Estabilidad, esos remanentes estaban sin tocar" y no se había habilitado ningún procedimiento para hacerlo posible porque se encontraba "con el limitante constitucional".