Con la presidencia de la Generalitat por fin en el bolsillo, gracias al acuerdo alcanzado casi en tiempo de descuento con Junts per Catalunya (Junts), el republicano Pere Aragonès se pondrá a los mandos del Govern con el encargo de pilotar la Cataluña post pandémica, abordar la crisis social y económica y pertrechar las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez. La espada de Damocles de las anteriores y sonadas desavenencias entre los eternos socios pesarán en esta etapa, que podría parecer más de lo mismo a simple vista. No obstante, arranca avalada por un acuerdo entre los republicanos y Jordi Sànchez, que desacopla al Govern del tutelaje de Carles Puigdemont.
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El mero hecho de que Aragonès y Sànchez fueran los artífices del entendimiento y se aparcara el procesismo y la figura del expresident, que seguirá tratando de mover los hilos de la política, pero desde mucha más distancia que en la etapa de Quim Torra, transmite buenas sensaciones a analistas políticos y observadores. El talante del actual president en funciones y el hecho de que se haya eliminado el mayor motivo de las fricciones de la Legislatura pasada: el papel de vicario manifiesto de Torra bajo el mandato de Bélgica, envían vibraciones positivas sobre el nuevo Govern de coalición que buscará desmarcarse de la influencia de los meses pasados.
“Urge que el Govern se ponga manos a la obra para transitar el momento actual de la pandemia y los retos del próximo año”, comentan fuentes parlamentarias. Y el equipo de Aragonès sabe que no hay margen de error. Tampoco en sus relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez. “Deberá conjugar la aspiración del independentismo y un eventual referéndum con las acuciantes necesidades económicas y el reparto de los fondos UE Next Generation”, agregan las mismas fuentes, por lo que es fundamental tender puentes con el Ejecutivo central.
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Entre los asuntos más urgentes, también están la mesa diálogo y los indultos a los presos del ‘procés’. Los socios han manifestado su compromiso explícito por priorizar "con lealtad" este clima de diálogo, pero añadiendo también que están preparados para un "nuevo embate democrático" al Estado basado en la "confrontación". El hombre que se colocará del otro lado de las conversaciones será el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, quien ha afirmado que es partidario de convocar la mesa de diálogo para resolver el conflicto catalán “cuanto antes”, pero después de que se produzca la investidura de Aragonès un trámite que se resolverá este viernes.
En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso Iceta lanzó el mensaje de que “es una buena ocasión para recordar que Cataluña necesita un Gobierno estable, capaz de trabajar para el conjunto de la sociedad catalana y dispuesto a reemprender la senda del diálogo”. “Es evidente que cuando sea investido el presidente de la Generalitat tiene que ponerse de acuerdo con el presidente del Gobierno de España y nosotros somos partidarios de reemprender la mesa de diálogo cuanto antes”, apostilló.
Esta mesa sólo se ha reunido una vez para abordar el conflicto catalán, en febrero de 2020. Las peleas entre junteros y republicanos y la pandemia truncaron el proceso. Algunas fuentes apuntan a que los equipos negociadores están trabajando para que vuelva a celebrarse una reunión al más alto nivel con Sánchez y Pere Aragonés y que, en esta ocasión, se celebre en Cataluña, un gesto también hacia los republicanos cuyo apoyo quieren seguir recibiendo socialistas y Unidas Podemos en el Congreso.
Una de las cuestiones que se abordará con premura serán los indultos a los políticos procesados y encarcelados por el referéndum del 1 de octubre, que llegarán en unas semanas a la mesa del Consejo de Ministros. Sánchez parece dispuesto a otorgar la medida de gracia, pese a que se avecinan turbulencias ya que la Ley exige arrepentimiento y los líderes independentistas presos han dejado claro que no pretenden dar ese paso.
GESTIÓN DE LOS FONDOS DE BRUSELAS
Además de estas cuestiones, la gestión de los fondos de la UE para la recuperación de la pandemia también será otro de los ejes sobre los que pivotarán las negociaciones. De hecho, ha sido también uno de los puntos más conflictivos del acuerdo alcanzado entre ERC y Junts, hecho público el lunes. En el texto de dicho pacto, de 46 páginas, se especifica que favorezcan una participación “pública y comunitaria”. En materia fiscal, se incluye la lucha contra el fraude, trabajar por un “sistema impositivo justo” –sin más especificaciones– y potenciar la Agencia Tributaria de Catalunya.
Los fondos comunitarios se gestionarán de forma compartida entre los socios del Govern a través de una comisión interdepartamental que dependerá de la conselleria de economía, bajo la tutela de los posconvergentes -la consejera será con toda probabilidad Elsa Artadi-.
El debate de investidura de Aragonès arrancará este jueves por la tarde, por lo que la votación, que el republicano tiene asegurada, se celebrará el viernes. La toma de posesión el cargo se efectuará la semana próxima.
