El Tribunal Supremo sigue estudiando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, y su status como eurodiputado. El escrito de alegaciones de la Abogacía del Estado era la pieza que le faltaba a Manuel Marchena y los otros seis magistrados del Juicio del ‘procés’ para tener todos los elementos sobre la mesa y poder tomar su decisión después del varapalo de Luxemburgo.
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Tanto la Justicia europea como los letrados del Estado instan al alto tribunal a que inicie los pasos para restituir los derechos del republicano, pero el Supremo se esfuerza por mantenerse ajeno a las presiones políticas, no quiere apresurarse y, según algunas fuentes, no tomará su decisión antes del 7 de enero. Sin embargo, ahora que la Abogacía ha señalado el camino -no se esperaba hasta el 2 de enero-, poco más puede dilatar su dictamen y hasta se especula con que pueda adelantarlo y hacerlo público en plena investidura, si el PSOE logra sacar adelante su calendario, con el 5 de enero como fecha límite.
Previo al informe presentado este lunes ante el alto tribunal y firmado por Rosa María Seoane, que solicita que Junqueras quede en libertad para que pueda ejercer como eurodiputado, se conocieron las posiciones del resto de partes. Los abogados del Estado discrepan de la Fiscalía y de la acusación popular representada por Vox, ya que ambos pedían ignorar al TJUE porque la situación del exvicepresident de la Generalitat ha cambiado. La defensa pide la nulidad de la sentencia del Supremo.
Según Luxemburgo, el derecho de inmunidad debió ser reconocido como eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones al Parlamento europeo del pasado mayo y gozar "desde ese mismo momento" de este prerrogativa. Juristas consultados creen que el hecho de impedir su salida de prisión es una vulneración de sus derechos como miembro del Parlamento Europeo, por lo tanto, este status debe ser restituido. Extremo que avala el texto rubricado por Seoane.
En sus alegaciones, solicita que Junqueras quede en libertad para que pueda ejercer como eurodiputado. Por lo tanto, el Supremo, que no puede soslayar su postura porque condenó a los políticos independentistas por el delito que pedía la Abogacía, sedición, y no por el de la Fiscalía, rebelión, recuerdan fuentes jurídicas, debe decidir ahora el alcance de su salida de prisión.
Aquí, según expertos en leyes, se dibujan varias opciones. En primer lugar, puede permitir que el líder republicano acuda a la Junta Electoral Central, a recoger su acta de diputado. Es más, la Abogacía señala en su escrito que este organismo no ha declarado expresamente la "incompatibilidad y anulación del mandato de parlamentario europeo". Considera así que "mientras que no concurra una expresa declaración de incompatibilidad y anulación del mandato de parlamentario europeo", el líder de ERC "disfruta de las inmunidades que se reconocen a los miembros del Parlamento Europeo" y así debe ser interpretado por el Supremo a la hora de ejecutar la sentencia del TJUE.
Pero a la vez, pide al alto tribunal que emita un suplicatorio al Parlamento Europeo que anule dicha inmunidad. No obstante, ninguna de estas medidas es inmediata, por lo que también deberán decidir los magistrados presididos por Marchena si permiten a Junqueras acudir a Bruselas para cumplir con los trámites necesarios así como para “el desempeño de su función representativa en tanto mantenga su estatus parlamentario”. Es decir, si le otorgarán permisos para acudir q los plenos. No se descarta que el Supremo descarte todas las opciones.
En cuanto a la anulación de la sentencia que pide la defensa, la Abogacía ha defendido que la inmunidad del exvicepresident de la Generalitat no afecta en ningún modo al procedimiento que ha seguido el Tribunal Supremo contra él por el 'procés' independentista ni a la sentencia dictada por estos hechos y por los que fue condenado a 13 años de prisión y de inhabilitación.
