- El president del Parlament, acorralado después de que el Tribunal Constitucional impida una investidura telemática
- La maniobra del Gobierno, "un esfuerzo por mostrarse proactivo y dominar el discurso mediático ante los independentistas", según los expertos
Nueva vuelta de tuerca al argumento del culebrón en el que se ha convertido la política catalana. La suspensión, por parte del Tribunal Constitucional (TC) a instancias del Gobierno, de la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura si ésta se realiza de manera telemática, deja congelada la XII Legislatura que arrancó hace diez días. Las opciones: la desobediencia, con todas sus consecuencias o un cambio de candidato.
En una semana en la que el expresident del Govern, Carles Puigdemont, ha sido confirmado como único candidato a la presidencia de la Generalitat, por el presidente del Parlament, Roger Torrent; en la que el Ministerio del Interior ha explicado que ha desplegado un dispositivo policial sin precedentes para evitar que Puigdemont se persone en el Parlament; y en la que el ex líder catalán, prófugo de la justicia por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, se ha paseado por Europa, desafiando al Gobierno, el Ejecutivo tenía que “recuperar el dominio del relato en Cataluña”, explica Ignacio Martín Granados, politólogo y miembro del consejo directivo de la Asociación de Comunicación Política (ACOP).
“Después del varapalo electoral del 21 de diciembre, el partido de Mariano Rajoy no puede actuar siempre a remolque de lo que hagan los soberanistas”, explica Martín Granados. Y añade que el Gobierno necesita mostrarse proactivo, ante Puigdemont y Junts per Catalunya, que lo único que pretenden es “ganar tiempo”.
El Gobierno necesita mostrarse proactivo, ante Puigdemont y Junts per Catalunya, que lo único que pretenden es "ganar tiempo”
Pero ganar tiempo para qué exactamente. La gran incógnita que se abre desde el anuncio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de las intenciones del Gobierno y más tras la ratificación del recurso ante el TC (y la automática suspensión de la candidatura si Puigdemont no asiste al pleno de investidura) es si el ex líder catalán, que permanece en Bruselas en un autodenominado exilio, tiene alguna opción de sacar adelante la investidura prevista para el martes 30 de enero a las 15 horas.
POCO RECORRIDO DEL RECURSO
El primer asunto que hay que abordar reside en si la actuación del Ejecutivo tiene visos de prosperar. El Pleno Constitucional acordó este sábado por unanimidad suspender la sesión de investidura si se pretende hacer en ausencia del candidato de Junts per Catalunya. En esta línea, la falta de avales del Consejo de Garantías ya levantaba dudas este viernes sobre la decisión que iba a tomar el TC.
El Consejo de Estado envió este jueves por la tarde al Ejecutivo los informes solicitados tanto para llevar al alto tribunal la candidatura de Puigdemont como sobre otros aspectos del proceso. El organismo, reunido de forma extraordinaria, respondió al Gobierno que avala los argumentos jurídicos planteados, pero discrepa sobre el momento de llevar el recurso al TC. Su informe es preceptivo, es decir, que es obligatorio que el Ejecutivo lo solicite antes de acudir a los tribunales, pero no es vinculante.
Desde Catalunya, el letrado mayor del Parlament catalán, Toni Bayona i Rocamora, ha asegurado que la decisión adoptada por el Consejo de Ministros “no tiene ningún recorrido jurídico”, dado que se trata de una medida "preventiva" contra alguien que "no está inhabilitado" para desempeñar ese cargo.
El letrado mayor del Parlament catalán, Toni Bayona i Rocamora, ha asegurado que la decisión adoptada por el Consejo de Ministros “no tiene ningún recorrido jurídico”
Para Jordi Pacheco i Canals, decano del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (Colpis), no obstante, el problema legal al que se enfrenta la investidura no tiene que ver con la Constitución. De hecho, explica, el artículo 23 de la Carta Magna defiende el derecho de participación política como un derecho fundamental de los ciudadanos, por lo que puede interpretarse que “impedir o alterar que el candidato Puigdemont sea investido atenta contra el derecho de representación de los ciudadanos que lo han votado”, aclara.
TODOS MIRANDO A TORRENT
Lo que sí está claro es que en el momento actual es el presidente del Parlament quien tiene que tomar una decisión, pero se halla en un limbo legal, ya que si sigue adelante, a pesar de la suspensión e intenta una investidura sin Puigdemont en la cámara, podría incurrir en desobediencia. Ante tal reacción, el TC puede propiciar querellas, imponer multas e incluso suspender a los miembros de la Mesa del Parlament ante un eventual incumplimiento por éstos de la resolución que tendrá que dictar en los próximos días.
Fuentes del tribunal de garantías han señalado a ‘Europa Press’ que aún es pronto para hablar de qué medidas concretas que podrían aplicarse, aunque por antecedentes no puede descartarse que el nuevo Parlament insista en incumplir sus resoluciones.
Expertos consultados exponen que el Constitucional, además de la suspensión, deberá aclarar en qué situación quedan los tiempos que se describen en el Estatut para la investidura o, en su defecto, obligar a Torrent a proponer otro candidato. No obstante, juristas preguntados por este medio sostienen que esta sería una intromisión del poder Judicial en el Legislativo. En su defecto, el tribunal debería aclarar si la investidura también queda en suspenso hasta que resuelvan sobre el recurso del Estado.
Por el momento, Torrent ha replicado al Gobierno que Carles Puigdemont “cumple todos los requisitos legales y tiene absoluta legitimidad” para ser candidato y que la impugnación no tiene ningún fundamento jurídico. Ha tachado de “fraude de ley” la impugnación y ha cargado contra el Ejecutivo por “atentar contra los diputados, los ciudadanos y la democracia parlamentaria”.
Puigdemont tampoco se ha quedado callado y ha pedido al TC ser parte en el procedimiento. Serán en última instancia los servicios jurídicos del Parlament quienes analizarán la decisión del Consejo de Ministros en términos jurídicos y también se hará en términos políticos después de la decisión del Tribunal Constitucional, ha avanzado Torrent.
EL RELOJ CORRE…
Entretanto, los tiempos de la investidura siguen como estaban previstos. La elección del candidato debe producirse en los diez días hábiles siguientes a la constitución del Parlament del pasado 17 de enero. Como ya se ha expuesto, la fecha es el 30 de enero a las 15:00 horas. En esta sesión, el candidato a ser investido president de la Generalitat de Cataluña debe explicar a la cámara su programa de gobierno y después de debatirlo, los diputados deberán votar a favor o en contra. En esta primera votación, el candidato debe obtener una mayoría absoluta para convertirse en presidente.
El paso dado por el Gobierno ha desplazado el foco de otra cuestión fundamental: el formato de la investidura que sigue siendo una incógnita. En varias ocasiones, Puigdemont ha insistido en que lo ideal es que sea presencial y ha urgido al Gobierno a que permita el pleno de investidura, pero la respuesta del Ejecutivo central ha llegado por los cauces acostumbrados: mediante una acción judicial.
El Consejo de Estado ha advertido en uno de los informes que le ha solicitado el Ejecutivo de Rajoy de que el Parlament no puede autorizar que intervenga a distancia en la sesión de investidura
El Consejo de Estado sí se ha pronunciado sobre este punto. Ha advertido en uno de los informes que le ha solicitado el Ejecutivo de Rajoy de que el Parlament no puede autorizar que intervenga a distancia en la sesión de investidura, que la Mesa de la Cámara no puede autorizar la delegación del voto de los huidos de la Justicia y que tampoco puede investir a un candidato ausente. Todos estos actos serían contrarios a la Constitución y, por lo tanto, impugnables por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. De hecho, el alto tribunal ha resuelto que la única salida de Puigdemont es pedir permiso al Tribunal Supremo para personarse en el pleno de la Cámara catalana.
De vuelta a lo que sería un votación parlamentaria normal de elección de president de la Generalitat, en caso de no obtener dicha mayoría, la votación podría repetirse al cabo de dos días, es decir, el 1 de febrero. En esta segunda votación, una mayoría simple sería suficiente para convertirse en el máximo representante del gobierno catalán. Pero no está claro que, con el voto de los cuatro diputados en Bruselas aún en el aire y sin haberse asegurado el apoyo de los cuatro parlamentarios de la CUP -que han presentado una batería de reclamaciones para apoyar a Puigdemont-, que el candidato de Junts per Catalunya se salga con la suya.
El proceso de investidura puede iniciarse tantas ocasiones como sea necesario. Sin embargo, si los distintos grupos políticos no se ponen de acuerdo en investir a un candidato en el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura, se convocan elecciones de manera automática.
... ¿HACIA OTRAS ELECCIONES?
Las cortes quedarían disueltas a finales de marzo y los catalanes deberían volver a las urnas. Además, el 155 seguiría vigente, ya que el Senado aprobó que las medidas de este artículo fuesen "de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat".
Martínez Granados califica este escenario de “disparate máximo”, ya que mantendría a Cataluña en el estado actual de “desgobierno”. No se corta en describir la actuación tanto del Gobierno como del bloque soberanista de “palos de ciego”. “Es una partida de póker en el que uno y otro bando se van echando faroles y enviando globos sonda”, insiste el politólogo. Un apartado donde también caerían las diferentes propuestas de un candidato alternativo.
De Jordi Sánchez (el expresident de la ANC), que permanece encarcelado, a Elsa Artadi o Eduard Pujol, muchos nombres se han puesto sobre la mesa desde las filas de Junts x Catalunya para futuro president de la Generalitat, mientras de cara a la galería se cierra filas con Puigdemont. Pero el miembro del consejo directivo de la Asociación de Comunicación Política (ACOP) cree que el desenlace más seguro es que los catalanes pasen de nuevo por las urnas. Si no en dos meses, será en un año y medio, "cuando se celebre el juicio contra el antiguo Govern y queden una veintena de cargos y diputados inhabilitados", concluye el experto.
