El camino hacia las elecciones generales, que se celebrarán probablemente en diciembre, tiene un hito decisivo el 27 de septiembre, fecha de las elecciones autonómicas plebiscitarias que Artur Mas convocará el próximo lunes, con la pretensión de que se conviertan en un plebiscito soberanista, es decir, en el equivalente a un referéndum de autodeterminación.
Se trata evidentemente de una provocación de los independentistas, a los que se ha sumado al fin una parte del catalanismo político otro moderado, aglutinado por Jordi Pujol, hegemónico durante más de dos décadas a lo largo de la etapa democrática en Cataluña.
El patriarca, cabeza de un clan familiar que ha patrocinado una gran corrupción en el seno de la burguesía autóctona, se ha decantado finalmente por abanderar la ruptura con el Estado, una vez descubiertos sus manejos y movilizada la Justicia española contra el gran expolio. Artur Mas, que fue conseller de Economía y conseller en Cap con Jordi Pujol, y que algo tuvo que saber de aquel gran latrocinio en forma de comisiones sobre contrataciones públicas, se ha puesto finalmente al frente de la maquinación.
El proceso de ruptura, de difícil encaje constitucional, está planteándose a las bravas, mediante fórmulas improvisadas que son en realidad un intento de golpe de Estado blando, incruento, pero no por ello tolerable. La pretensión de que un parlamento autonómico declare unilateralmente la secesión parece una broma jurídica, que sin embargo es esgrimida con ardor por los sediciosos. Y obliga a las diferentes formaciones a tomar una posición concreta, no siempre clara ni acertada. De hecho, los partidos tendrán que examinarse ante el electorado este 27S, y de la posición que adopten dependerá en buena medida su suerte en las elecciones generales.
El Partido Popular acude al 27S tras una poco comprensible pirueta: a última hora, ha prescindido de su lideresa, que arrojaba un pésimo resultado en las encuestas, y ha optado por dotarse de un líder radical, que lanza un mensaje plano de españolismo sin matices. La formación de Rajoy no busca el diálogo ni el pacto con las instituciones catalanas (y, por supuesto tampoco con las fuerzas nacionalistas), ni pretende más que defender estrictamente la legalidad vigente sin pararse a considerar siquiera que el Estado pueda haber cometido errores con Cataluña, que habrían servido de abono al independentismo.
El PSOE presenta un proyecto de reforma constitucional muy ambicioso
El PSOE presenta un proyecto de reforma constitucional muy ambicioso que supone la federalización del Estado y muestra un talante dialogante y componedor, pero no ha resuelto el problema ideológico del PSC: el primer secretario, Iceta, ha abandonado su absurda defensa del ‘derecho a decidir’ pero acaba de consentir que dos municipios catalanes, Terrassa y Castelldefels, se adhieran con sus votos a la Asociación de Municipios por la Independencia. Ferraz ha mostrado irritación pero no ha podido impedirlo.
Podemos, por su parte, mantiene la ambigüedad con la que piensa aposentarse en las instituciones, tras haber abandonado su conocido ideario de izquierdas, cuya exhibición reducía su espectro. Ada Colau defiende como Pablo Iglesias el ‘derecho a decidir’ pero no se afilia expresamente al soberanismo. El papel que jueguen Podemos y sus plataformas en este pleito será decisivo en toda España para esta organización, que suscita amores y odios intensos. Es claro que si se inclina hacia los independentistas, perderá toda oportunidad en el resto del Estado.
Ciudadanos, en fin, es abiertamente antinacionalista y se mantendrá siempre con meridiana claridad en contra de la independencia de Cataluña. Izquierda Unida –ICV en Cataluña- se mantiene en el mismo territorio difuso de Podemos.
Éste es el panorama que se nos presenta. Y de cómo evolucionen estas posiciones dependerán en buena medida los resultados de las generales, en los que está en juego indirectamente el futuro del régimen político.
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