- Le vincula con irregularidades en Fundescam y gastos electorales del PP en la trama Púnica
La Unidad Central Operativa (UCO) vincula a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y al expresidente del Gobierno regional Ignacio González, entre otros, con irregularidades en pagos a Fundescam y distintos gastos electorales de campañas del PP de Madrid, en el marco de la trama Púnica.
Así consta en uno de los informes de la UCO incorporados al sumario de esta trama liderada supuestamente por el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, donde se recoge que a través de la cuenta corriente de Fundescam, "determinados empresarios y organismos empresariales, ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales".
El Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO considera que las conductas apreciadas pueden responder a un delito electoral continuado en concurso con los delitos de malversación, falsedad documental, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.
En este caso, se han detectado, en relación a estos hechos, "sólidos indicios que acreditarían cómo algunos de estos empresarios, como Arturo Fernández, fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de Cifuentes".
Estos hechos, según recoge este informe, han dado lugar a la elaboración de un informe policial complementario. Asimismo, añade que se "han mostrado evidencias de que se realizaron pagos de actos electorales desde la cuenta de funcionamiento del partido, que recibió sustanciales fondos procedentes del Grupo Parlamentario".
Sería destinatario de "buena parte de los fondos" el empresario Óscar Sánchez Moyano, vinculado a la Escuela Europea de Dirección de Empresas (EUDE), entre otras, "quien habría suscrito un contrato de servicios con el partido, con el objeto de encubrir la condición de intermediario en la organización y producción de los gastos electorales.
