- Aportaron 1.000 euros por cabeza para financiar la campaña electoral de las municipales y autonómicas del 24M
El cerco sobre Rita Barberá es cada vez más estrecho en la 'Operación Taula'. La Guardia Civil descubre cada día nuevos datos sobre la presunta financiación irregular del PP de Valencia que afectan directamente al equipo municipal que dirigía la exalcaldesa y actual senadora. Ahora los agentes investigan los movimientos realizados por varios miembros de la corporación por blanquear presuntamente mordidas para financiar las campañas electorales.
Mari Carmen García Fuster -una de las detenidas el martes y persona de la máxima confianza de Barberá- devolvió en metálico las donaciones
En concreto, están en el punto de mira destacados miembros del equipo municipal que habrían aportado 1.000 euros por cabeza para financiar la campaña de las municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo, según informa El Mundo. Y es que según la información que maneja la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil semanas después de esto la secretaria del grupo, Mari Carmen García Fuster -una de las detenidas el martes y persona de la máxima confianza de Barberá-, devolvió en metálico las donaciones con dinero que presuntamente procedía de la caja 'b' del PP en el Ayuntamiento de Valencia, y cuyo origen se desconoce.
La portavoz del PP del Ayuntamiento de Valencia, María Ángels Ramón-Llin, ha admitido este jueves que los miembros de su Grupo Parlamentario hacían aportaciones de 60 euros al partido cada mes, algo que también sucedía en la estructura provincial a modo de cuota y que ingresaron otros mil euros antes de los últimos comicios locales, recoge El País. No obstante, ha negado que les fueran devueltos en metálico.
Ahora los agentes tratan de averiguar si esta era una fórmula habitual que se usaba para blanquear el dinero procedente del pago de presuntas comisiones, y devolver así al circuito legal los fondos opacos que durante años habría acumulado en el Ayuntamiento el entorno más directo de Rita Barberá. Y para ello han elevado la 'presión' sobre los trabajadores, asesores y cargos públicos que han integrado el equipo de confianza de la exalcaldesa en los últimos años.
Según parece, ya han pasado por el cuartel de la Guardia Civil, además de los imputados, varios exasesores, trabajadores municipales e incluso el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, uno de los acusados en el 'caso Nóos' y actual marido de María José Alcón, exconcejal de Cultura que fue detenida el pasado martes.
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'OPERACIÓN TAULA'
Esta operación se puso en marcha el martes con 24 detenciones y más de una treintena de registros, acciones realizadas de forma conjunta por el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y la Guardia Civil.
En el centro de la trama se encuentra la empresa pública Impulso Económico Local S.A. (Imelsa), que el juzgado lleva investigando desde hace casi un año en colaboración con el exgerente de esta sociedad Marcos Benavent, según ha informado Europa Press.
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En el centro de la trama se encuentra la empresa pública Impulso Económico Local S.A. (Imelsa), que el juzgado lleva investigando desde hace casi un año
El caso se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de Esquerra Unida (EUPV) en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en Imelsa. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla, Berceo Mantenimientos, que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.
Tras meses de investigación la UCO se ha encontrado con nuevos indicios que apuntan a la existencia de una red dentro del PP para blanquear dinero de origen desconocido, y las donaciones con retorno del PP de Rita Barberá sería una de sus ramificaciones. Según El Mundo, los investigadores tratan de documentar si se trataba de algo sistemático.
INVESTIGAN A TODO EL PP VALENCIANO
El juez encargado de la 'Operación Taula' está investigando por supuesta financiación ilegal a todo el PP de la Comunidad Valenciana. En concreto, el PP local, provincial y regional está en el punto de mira por supuesto cobro de comisiones del 3%, informa El País.
La Fiscalía dispone, según fuentes del caso citadas por el mencionado diario, de indicios de blanqueo de capitales en los tres niveles del partido en la Comunidad Valenciana. En concreto, parece que las irregularidades se extendieron en el tiempo y afectaron a toda la formación.
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