- El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha impedido que cinco agentes de paisano accedan al Palau de la Generalitat
La Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo para recabar información sobre los supuestos pagos ilegales de comisiones a la antigua Convergència, del 3%, a cambio de la adjudicación de obras públicas. Agentes del Instituto Armado han entrado en el Parlament de Cataluña, el Palau de la Generalitat y la Conselleria de Justícia y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat. Según informaciones de 'Rac1', el conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha impedido el acceso a cinco agentes de paisano a la sede del Govern catalán. En cambio, se les entregará la información que solicitan.
El operativo policial se enmarca en las investigaciones llevadas a cabo por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el caso 3%, más concretamente en las pesquisas sobre las concesiones de obra pública del antiguo conseller de Justícia y actual diputado del Parlament, Germà Gordó.
Según 'Europa Press', unos ocho o nueve agentes del Instituto Armado han registrado el despacho de Gordó en la Cámara Catalana, donde forma parte del grupo parlamentario JuntspelSí, en busca de documentación y material informático. En el Parlament, los agentes estaban a las 11.00 horas en el Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat, ha comprobado la agencia de noticias. Los agentes que han acudido al Palau de la Generalitat reclaman información sobre la época en que Gordó era secretario del Govern (2011-2013): el libro de visitas y una relación del apoyo administrativo que tenía.
Explica 'El Confidencial' que el dispositivo de la Guardia Civil parte de cuatro licitaciones en las que Gordó, mano derecha del expresident Artur Mas, supuestamente intervino para favorecer a empresas que realizaban donaciones al partido para engordar la caja B de la antigua Convergència.
GORDÓ DECLARARÁ EL 24 DE JULIO
El TSJC abrió diligencias contra Gordó, que está citado a declarar el 24 de julio, a inicios de junio, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos. En un auto, la Sala Civil y Penal del TSJC se declaró competente para investigar a Gordó -dada su condición de aforado al ser diputado-, mientras el juez de El Vendrell continuará tramitando la causa contra el resto de investigados, que no son aforados.
En el caso 3% -de supuestos cobros de comisiones de CDC a cambio de concesiones de obras públicas desde instituciones que controlaba- están siendo investigados los extesoreros convergentes Daniel Osàcar -también encausado en el caso Palau- y Andreu Viloca, además de varios empresarios.
Un escrito de hace unos meses de la Fiscalía Anticorrupción veía acreditado que Gordó -también exsecretario del Govern de Artur Mas- era "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC.
Los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda no veían "explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones" que Gordó mantuvo con empresarios, algunas de ellas en la sede de CDC e incluso en el Palau de la Generalitat.
"Germà Gordó ha ido más allá del tráfico de influencias y ha actuado decisivamente para la adjudicación de contratos con la Administración pública", concluía la Fiscalía en ese informe, que señalaba al ahora diputado como actor principal en las contrataciones.
