- Están encuadradas en el concepto procesos electorales y participativos, por lo que no hablan explícitamente del referéndum
- Las cuentas aumentan la partida social en 1.170 millones de euros
La Generalitat de Catalunya destinará 5,8 millones de euros a la celebración del referéndum sobre la independencia de Cataluña, previsto para el próximo mes de septiembre. La partida para la celebración de esta votación se contempla en las cuentas de la Generalitat para el 2017, que el vicepresident del Govern y conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, entrega en el Parlament este 29 de noviembre.
La cantidad se destinará en dos partidas, de 5 millones, por una parte, y de 800.000 euros, por otra, que están encuadradas en el concepto procesos electorales y participativos, por lo que no hablan explícitamente del referéndum previsto para 2017, fuentes del Govern han asegurado a Efe
Se trata de unos recursos no departamentales que dependerán de la Secretaría General del departamento de Economía, que dirige Oriol Junqueras, según estas fuentes.
Asimismo, el Govern ha incluido en el proyecto de ley de presupuestos una disposición adicional en la que se exhorta al ejecutivo a organizar "un proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria".
Según fuentes oficiales consultadas por Rac 1, las cuentas de la Generalitat también aumentan el gasto social en 1.170 millones de euros con respecto a los presupuestos actuales, una prórroga de los últimos, aprobados en 2015.
SIN GARANTÍAS DEL SÍ DE LA CUP
El proyecto de Presupuestos de 2017 se presentará sin tener la garantía de que la CUP dará el 'sí' definitivo que permita aprobarlos. Los anticapitalistas garantizan que permitirán que las cuentas se admitan a trámite en un pleno previsto para mediados de diciembre, pero quieren introducir cambios en la tramitación parlamentaria y no aseguran su aval definitivo.
Del 'sí' de la CUP no solo depende la aprobación de las cuentas, sino también el futuro de la legislatura: el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció en septiembre que, si no lograba sacar adelante el Presupuesto, disolverá el Parlament y convocará elecciones.
Así, si las cuentas no prosperan no solo habrá acabado la legislatura antes de tiempo, sino que el Govern renunciará a convocar el referéndum sobre la independencia de Catalunya que el propio Puigdemont anunció para otoño de 2017.
El principal punto de fricción entre el Govern y la CUP es el IRPF, porque los anticapitalistas exigen aumentar el tipo a las rentas altas, mientras que el Ejecutivo catalán es partidario de no tocar este tributo: "La gran fortuna que gravar es España", alegó Puigdemont.
NUEVOS IMPUESTOS Y FISCALIDAD
La Generalitat ya presentó las principales novedades en fiscalidad, donde prevé introducir cambios en impuestos propios y cedidos para ingresar 180 millones de euros más al año -120 en 2017 por aplicaciones parciales- a través de la ley de acompañamiento, recuerda Europa Press.
Una de las de mayor impacto es la creación de un impuesto a las bebidas azucaradas envasadas desde el 1 de abril, con una recaudación en 2017 de 30,98 millones, y unos ingresos anuales ordinarios -por año completo- de 41,3 millones.
Un nuevo impuesto ambiental a las nucleares, después de que el anterior fuese anulado por el Tribunal Constitucional, prevé una recaudación de 28,29 millones en 2017 y una recaudación anual ordinaria de 60 millones; y el impuesto reformulado para los grandes establecimientos comerciales --por disconformidad de la UE-- pasará de una recaudación actual de 15,1 millones a 17,3 en 2018.
En el caso de la tasa turística, desde el 1 de abril equipara la de los pisos turísticos de la ciudad de Barcelona a la de los hoteles de lujo, añade una tasa para los cruceristas que están en Barcelona menos de 12 horas y habrá un régimen de infracciones y sanciones específico para este impuesto; la recaudación fue de 43,17 millones en 2015, y se prevé un incremento de 7,68 millones con estos cambios.
Asimismo, el Govern crea un nuevo tramo en el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compraventa de viviendas de más de un millón de euros, que deberán pagar un 11% por el importe que supere esta cantidad, frente al 10% único aplicable hasta ahora.
También se gravarán con un 5% todas las transmisiones de bienes muebles --ahora solo eran vehículos--, como puede ser el oro y aeronaves, y habrá una bonificación del 99% en arrendamientos de viviendas del parque público de alquiler social, con una ganancia de recaudación en 2017 por todas estas medidas de 4,8 millones.
Otras medidas servirán para reducir gasto, como la eliminación de una parte de la deducción en el IRPF por inversión en vivienda habitual (10 millones de ahorro) y la supresión de las deducciones por inversiones en el Mercado Alternativo Bursátil (1,2 millones anuales).