Aún no se había repuesto la opinión pública de la detención de Eduardo Zaplana —no porque no la esperase, sino porque había pasado tanto tiempo que parecía que a la Justicia se le hubiese olvidado pedir cuentas al prócer valenciano—, que ya está en prisión incondicional, cuando se conocía que la Audiencia Nacional, en la primera sentencia que dicta sobre la trama Gürtel, ha condenado al cabecilla de la organización, Francisco Correa, a 51 años y 11 meses de prisión por liderar los primeros años de actividades de la red corrupta (1999-2005) y al extesorero del PP Luis Bárcenas a 33 años y 4 meses de cárcel, además de 44 millones de multa. 29 de los 37 encausados en el sumario han recibido una dura sanción penal por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.
El PP sale directamente señalado: la sentencia, por mayoría de dos magistrados frente a uno, considera probado que el PP como persona jurídica y la exministra de Sanidad Ana Mato se beneficiaron de la actividad delictiva , por lo que les condena en calidad de partícipes a título lucrativo. El PP se habría beneficiado —sin ser consciente de su procedencia fraudulenta- de 111.186 euros para la campaña de las municipales de 2003 en Pozuelo de Alarcón y de 133.628 euros en la campaña de Majadahonda. Mato, por su parte, deberá devolver 27.857 euros por beneficiarse de los viajes y regalos familiares que la trama corrupta de Correa pagó a su exesposo Jesús Sepúlveda, antiguo alcalde de Pozuelo de Alarcón, condenado asimismo a 14 años.
El caso, gigantesco, no se limita a condenar aisladamente a una serie de personas confabuladas para delinquir: afirma la existencia de un entramado societario utilizado por Francisco Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona. Literariamente, diríamos que existía en el seno del Partido Popular una mafia corrupta que enriqueció a un grupo considerable de políticos sin escrúpulos. La ocultación al fisco, según la fiscalía anticorrupción, fue de más de 40 millones de euros. El tribunal considera acreditado que entre 1999 y 2005, entre las empresas de Correa y el Partido Popular, se tejió en esos municipios y en otras zonas de España "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido".
Bárcenas ha sido la pieza clave del entramado, por su posición en el partido y por su influencia en la red empresarial. Junto a él, ha sido condenada su esposa Rosalía Iglesias, a quince años de cárcel. Esta condena, sobre la que había advertido amenazante el extesorero, podría llevar a Bárcenas a dar muchas más explicaciones sobre la verdadera magnitud de la trama, que podría tener ramificaciones en el PP aún más destructivas que las conocidas. A estas horas, más de un prohombre del PP está sobre ascuas.
La sentencia considera además probada la existencia de una ‘caja b’ en la sede central del PP, lo cual, al margen de la relevancia penal que tenga, es un hallazgo descalificante políticamente. Porque aunque se acepte que los actuales dirigente del PP no están implicados en estos turbios manejos, han convivido con la corrupción durante muchos años sin preocuparse por ello, y desde luego sin mantener el control que parecería natural en una organización que gestionaba cantidades ingentes de dinero. Lo cierto es que el primer presidente del PP, José María Azar, tenia en su consejo de ministros, en el que también se sentaba Mariano Rajoy, a Rodrigo Rato, a Jaume Matas y a Eduardo Zaplana, mientras una asociación de malhechores se enriquecía con las adjudicaciones públicas, en parte para financiar el partido, en parte para enriquecerse hasta la náusea personalmente. Con razón ha podido decir con ironía un joven y brillante periodista que ya no se sabe si aquel gobierno popular encabezado por el arrogante Aznar pretendía gestionar el país o asaltar el tren de Glasgow.
Las primeras intervenciones públicas de Rajoy tras conocerse esta sentencia exorbitante, sobrecogedora, proporcionada a la magnitud inaceptable del suceso, han evidenciado el trastorno personal que sin duda afecta al personaje, que ha comparecido lívido y con poca voz. Quien hoy es el rostro visible del PP ha de sentirse a la fuerza avergonzado por tener que salir a la palestra a defender lo indefendible, a relativizar lo rotundo, a explicar lo inexplicable. El caso tiene mal arreglo, y las encuestas lo confirman: el techo del PP podría estar ya por debajo del 20%, y no es descartable una fuga masiva de votos hacia otros parajes conservadores. Se ha robado demasiado, durante demasiado tiempo y con un desparpajo intolerable a los ciudadanos, y la confianza se ha perdido. Y por si fuera poco el estropicio, todavía están pendientes de juzgarse el caso Bárcenas, sobre la caja b del PP, y la causa sobre la destrucción de los ordenadores del extesorero popular, en el que el partido también está procesado como persona jurídica. Pese a la valiosa aprobación de los presupuestos, no parece seguro que este PP pueda acabar como si tal cosa esta legislatura.
