La Audiencia Nacional decreta prisión incondicional para Oriol Junqueras y siete exconsellers del Govern

Así, los exconsejeros del Ejecutivo catalán que irán a prisión son Jordi Turull, exconcoseller de Presidencia; Joaquim Forn, exconcoseller de Interior; Raül Romeva, exconcoseller de Asuntos Internacionales; Josep Rull, exconcoseller de Territorio; Carles Mundó, exconcoseller de Justicia; Meritxell Borràs, exconcoseller de Gobernación; y Dolors Bassa, exconcoseller de Trabajo.

Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha decidido agrupar finalmente en las prisiones de Estremera y Alcalá Meco a los exconsellers del anterior Govern catalán enviados este jueves a prisión, según han informado a Europa Press fuentes de este Departamento. Así, ninguno de ellos irá a Soto del Real, la prisión habitual cuando la Audiencia Nacional dicta órdenes de prisión provisionales, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La juez Carmen Lamela también reclama la búsqueda y captura e ingreso en prisión de Puigdemont y de los cuatro exconsellers que están en Bruselas

Cabe indicar que tal y como ha explicado Alejandro Abascal, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, al programa 'Más Vale Tarde' de La Sexta, "Ia prisión provisional es de carácter personalísimo". Es decir, se aplica y decide de forma individual.

BÚSQUEDA Y CAPTURA PARA PUIGDEMONT

La juez Carmen Lamela también reclama la búsqueda y captura e ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los cuatro exconsellers que permanecen en Bruselas (Bélgica), donde viajaron el fin de semana. Se trata de Clara Ponsatí, Mertitxell Serret, Antoni Comin y Lluís Puig.

De esta manera, tendrá que emitir una Orden Europea de Detención y Entrega al país europeo, para que ponga a estos cinco imputados a disposición de la justicia española. Aunque no lo hará este jueves y será primero en el país belga donde se decidirá si los cinco exmiembros del Govern deben ir a prisión hasta que se resuelva la orden de entrega o si quedan en libertad hasta la resolución, que como máximo podrá tardar dos meses.

El único que podrá librarse de esta pena será el exconseller de Empresa y posible candidato del PDeCAT a las elecciones autonómicas convocadas para el próximo 21 de diciembre, Santi Vila, que sí tendrá la opción de pagar una fianza de 50.000 euros. Aunque de momento también entrará en prisión por "solidaridad", según ha dicho su abogado, Pau Molins, a los periodistas. En su caso, la jueza justifica en el auto que Vila tenga derecho a fianza porque "desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista".

"CALMA Y TRANQUILIDAD"

El abogado de Puigdemont, Turull, Rull, Borràs, Forn, Puig y Ponsatí ha asegurado este jueves ante los medios que sus clientes "están muy serenos porque era muy probable que esto acabara así". Tras ello, ha añadido que estos "hacen un llamamiento a la calma, en particular a la gente de Cataluña para que continúe la calma, la tranquilidad y no se produzca un episodio de ningún tipo, ni sea justificación para los que prefieren adoptar medidas más represivas".

PETICIÓN DE LA FISCALÍA

Con todo ello, Lamela ha atendido y aceptado la petición que este mismo jueves había realizado la Fiscalía, basándose en el alto riesgo de reiteración delictiva y de alteración y destrucción de pruebas de los investigados. Además, la juez motiva su decisión en el alto poder adquisitivo de los investigados, lo que incrementa sus posibilidades de huida.

Por el contrario, la magistrada de la AN ha rechazado la petición de los abogados de los responsables del anterior gobierno catalán que están en Bruselas de que estos pudieran declarar por videollamada, ya que considera que no existe ninguna justificación para su ausencia.

DECLARACIÓN EN LA AUDIENCIA NACIONAL

De los catorce citados por la juez Lamela, nueve han sido los que se han trasladado a la Audiencia Nacional y otros cinco, entre ellos Carles Puigdemont, se han quedado en Bélgica. A todos ellos se les investiga por los delitos de rebelión, sedición y malversación, por una de las querellas que interpuso esta semana la Fiscalía General del Estado.