El Tribunal de Sesiones de Edimburgo ha anunciado que no revocará la decisión del primer ministro, Boris Johnson, de paralizar el Parlamento a pocos días del 'Día D', es decir, el 31 de octubre, cuando está previsto que Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) y que aplaza su decisión final a la semana que viene. Unos 70 diputados británicos presentaron una denuncia ante esta iniciativa del primer ministro, sin embargo, la justicia escocesa, al menos hasta nueva orden, no llevará a cabo la denuncia.
Johnson sorprendió al mundo hace pocos días cuando anunció su decisión de suspender el Parlamento, con el objetivo de anular cualquier decisión de este sobre el Brexit que perjudicase la idea del ministro de salir de la UE aunque sea sin acuerdo. Iniciativa que, por otra parte, fue aceptada por la reina de Reino Unido.
Noticia relacionada
Ante esta decisión, muchos han sido los grupos que se han movilizado. Sin ir más lejos, más de 70 diputados británicos han presentado una denuncia ante el tribunal para solicitar que se establezca la legalidad de la decisión de Johnson. Como consecuencia, la corte civil de mayor rango de Escocia ha sido uno de los organismos que ha comenzado a actuar. Y es que, este jueves se celebró una reunión presidida por el juez Lord Doherty en la que adelantó que este viernes anunciará su decisión sobre la legalidad de disolver el Parlamento británico.
Sobre el papel, el tribunal debía pronunciarse el 6 de septiembre, sin embargo, ante los últimos acontecimientos, los parlamentarios solicitaron lo que es denominado como un "interdicto provisional", de forma que su decisión se conociese antes de esta vista.
Entre los detractores de un Brexit duro y, por lo tanto, firmantes de la demanda, se encuentran la diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, varios parlamentarios laboristas e independientes y el activista Jo Maugham, de la asociación contraria al Brexit "The Good Law Project".
Cherry ha explicado en la BBC que lo que se ha llevado ante la justicia en específico ha sido la decisión del Ejecutivo de aconsejar a la reina Isabel II que permitiese el cierre temporal del Parlamento, y no la decisión final de la soberana. "La reina actuó en base al consejo que le fue dado. La acción judicial que se ha presentado en mi nombre es una acción que no se presenta en contra de la reina, sino en contra del consejo que le fue dado", ha declarado.
La decisión de Johnson ha tenido gran impacto en poco espacio de tiempo. Y es que, este jueves se produjeron algunas dimisiones, entre ellas la de la líder de los conservadores escoceses, Ruth Davidson, que, a pesar de justificar motivos personales, ha dejado claro que defiende una salida pactada de la Unión Europea.
