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Quim Torra, presidente de la GeneralitatEuropa Press

El president de la Generalitat, Quim Torra, y el vicepresident, Pere Aragonès, han querido enviar un mensaje de confianza y unidad entre Junts per Cataluña y ERC, después de la alta tensión de esta semana. Durante una rueda de prensa, Torra ha asegurado que ambas formaciones mejoran su acuerdo de Gobierno en Cataluña y ha reiterado su compromiso de seguir con la legislatura, al menos hasta que haya una sentencia del Supremo sobre los diputados soberanistas procesados.

Disipan, así, la amenaza que ha planeado durante toda la semana de un adelanto electoral, que podría llegar antes de 2019, después de las profundas discrepancias que se han evidenciado durante el Debate de Política General en el Parlament de Cataluña. Aragonès también ha hecho acto de contricción y ha asegurado que las dos formaciones se "conjuran" a coordinarse mejor "a partir de ahora".

"Tenemos un plan de Gobierno pensado para gobernar para todos", ha proseguido el vicepresident, que también ha anunciado que la sesión del pleno suspendido se celebrará "tan pronto como sea posible". Algunos medios apuntaban que, tras la pugna por los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo, el martes podría reanudarse la sesión parlamentaria.

"Nuestro compromiso de seguir adelante es firme, es un momento de máxima responsabilidad de todos, no podemos dar un paso atrás y debemos seguir avanzando para seguir adelante para conseguir la republica del 1 de octubre", ha expresado por su parte Torra. Cuando "la persecución política es más fuerte que nunca desde el franquismo", ha agregado.

El president también ha lamentado que cada paso del Govern "es observado con lupa y sentimos la amenaza constante de un estado que no levanta el pie del pedal de la represión". Ya que "el espíritu del 155 continua a través de resoluciones judiciales más que dudosas". "Haber recuperado las instituciones no quiere decir que se haya recuperado la democracia", ha señalado.

El líder catalán ha vuelto a incidir en el ultimátum dado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha presumido de haber puesto "fecha de caducidad" a su Ejecutivo.

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