La crisis sanitaria del Covid-19 y la situación en las cárceles, donde se teme que la pandemia tenga efectos desastrosos, según han alertado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Europa, ha vuelto a poner el foco en los líderes independentistas encarcelados por el 1-O. El Govern de la Generalitat está estudiando enviarlos a casa durante esta etapa, cuando se han endurecido las medidas, a la vez que las defensas del expresident de la Generalitat, Oriol Junqeras, y del exconseller, Raül Romeva, buscan en el estado de alarma la manera de que se suspenda su condena. El Gobierno les ha dejado también una puerta abierta al reanudar los procesos de indulto, un extremo que los políticos presos siempre han rechazado, al implicar un reconocimiento de los delitos por los que se les condenó en el Tribunal Supremo.
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La vía que han elegido Junqueras y Romeva, condenados a 13 y 12 años de cárcel, es la de apelar al Tribunal Constitucional. Ambos han solicitado al alto tribunal que resuelva de forma urgente la petición de suspensión de la ejecución de su pena de prisión ante la situación generada por el brote vírico. Aducen que el estado de alarma "elimina cualquier riesgo (de fuga) puesto que la obligación de confinamiento y prohibición de circulación no justificada hace imposible la sustracción a la justicia". En su escrito recuerdan que el 11 de marzo presentaron un recurso de amparo al tribunal de garantías contra la sentencia del Tribunal Supremo, "con solicitud expresa de suspensión de la ejecutividad de la misma" hasta la resolución de la demanda de amparo.
Así, piden la suspensión de la pena para evitar "un daño irreparable" a los derechos civiles y políticos implicados, y ahora el abogado de ambos, Andreu Van den Eynde, reclama que esta petición se aborde de forma urgente ante la situación de pandemia, que ha comportado el estado de alarma. Alega que el Ministerio de Interior reconoce que la pandemia "resulta especialmente gravosa en los centros penitenciarios, siendo consideradas las personas internas como un colectivo vulnerable". Ambos líderes independentistas recuerdan que la OMS ha pedido a los Estados "alternativas a la prisión ante el efecto del Covid-19 en las cárceles".
El Gobierno de Pedro Sánchez también ha echado un cable a los presos. Cuando decretó el estado de alarma, el 14 de marzo, significó “la suspensión de todos los plazos administrativos, con la sola excepción de aquellos procedimientos y resoluciones referidas a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma”. Siete días después, el Ministerio de Justicia dictó una orden por la que se acuerda “la reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la gracia del indulto” al considerar “imprescindible la tramitación de estos procedimientos para dar una respuesta adecuada a los ciudadanos que los insten, evitando los perjuicios que pudieran irrogarse por la suspensión que determina el estado de alarma”.
Este movimiento se ha tomado, desde la oposición, en especial Vox, como una estratagema para liberar a los independentistas condenados por el referéndum de independencia de Cataluña de 2017. Su líder, Santiago Abascal, acusó al Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos de querer dar carpetazo a la cuestión de los políticos soberanistas por la puerta de atrás. No obstante, Junqueras, Romeva y el resto de exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; los Jordis, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez; y la ex presidenta del Parlament Carmen Forcadell, han rechazado en varias ocasiones usar esta vía, aunque el artículo 19 de la Ley de Indulto recoge que lo pueden solicitar "los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representación".
De hecho, Moncloa ya tiene una petición de esta medida de gracia encima de la mesa. Se trata de un abogado que, a título propio, remitió el pasado mes de diciembre un escrito al Servicio de Indultos del Ministerio de Justicia. En este caso, el indulto puede ser total o parcial, lo que quiere decir que se sustituirían las actuales penas de prisión por otras de inhabilitación.
PUGNA ENTRE EL GOVERN Y EL SUPREMO
En paralelo, la consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha explicado que las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas estudian si la situación de emergencia por el coronavirus permite que más presos pasen el confinamiento en su casa, entre ellos a los que se les aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, y por tanto, también, los líderes del procés. Estas declaraciones han suscitado las advertencias de la sala del Tribunal Supremo que juzgó a los políticos en prisión, quien ha avisado de que la excarcelación de los líderes independentistas por la crisis sanitaria podría enmarcarse en un delito de prevaricación.
En una nota remitida por su gabinete de prensa, el alto tribunal señala que en el caso de que la Junta de Tratamiento de las cárceles donde se encuentran los presos de la causa del 'procès' acuerde su excarcelación para cumplir el confinamiento en sus respectivos domicilios, ese órgano se dirigirá a cada de esas juntas de régimen general y al director o directora de los centros respectivos para que a la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen de forma nominal a los funcionarios que han apoyado ese acuerdo. "Ello se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales", añade la nota.
