Las defensas de los acusados en el juicio del 'procés' soberanista han denunciado la vulneración de los derechos de sus representados en la primera sesión del juicio que ha comenzado este martes en Madrid. El Tribunal Supremo ha abordado las cuestiones previas del juicio a los doce líderes políticos, un proceso judicial que abarcará tres meses.
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El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha iniciado la vista con media hora de retraso, advirtiendo y citando jurisprdencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que cada uno de los abogados dispone de una media hora para exponer sus alegatos previos.
En esta primera sesión y durante su primera intervención, el abogado de Oriol Junqueras y Raúl Romeva, Andreu Van den Eynde, ha denunciado un "vodevil procesal contra la disidencia política". Tras afirmar que se han vulnerado o restringido todos los derechos constitucionales, ha pedido de nuevo la libertad de los acusados en prisión para "hacer un juicio distinto mañana".
"Nos encontramos ante un juicio excepcional porque se han producido excepciones que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales", ha afirmado en el arranque del turno de una hora que le ha concedido el presidente del tribunal, Manuel Marchena, para exponer su alegato.
El abogado del expresidente de la ANC Jordi Sánchez, Jordi Pina, y de los exconsejeros catalanes Jordi Turull y Josep Rull ha pedido a los magistrados del Tribunal Supremo que han comenzado este martes a juzgar el 'procés' independentista en Cataluña que "hagan de jueces y "no de salvadores de la patria".
POCO TIEMPO PARA PREPARAR LA CAUSA
El abogado de la exconsejera Dolors Bassa ha defendido ante los magistrados del Supremo que se les ha dado poco tiempo para preparar el juicio y ha denunciado que no existen argumentos que sustenten la prisión preventiva.
La defensa de Bassa ha tildado de "inaudito" que la "macrocausa" abierta en el Tribunal Supremo por el proceso independentista se haya instruido en tan solo "nueve meses". En este sentido, Bergés ha indicado que esto se debe a que el juez Pablo Llarena se sirvió de los informes policiales que obran en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el que se investiga la organización del referéndum del 1-O, lo cual, a su juicio, provoca una vulneración del derecho a la defensa de los acusados, ya que no están personados en dicho procedimiento.
A esto ha incluido el poco tiempo que se les ha dado a los abogados para "instruirse" y "prepapar" la causa. Para incidir en este argumento, ha puesto como ejemplo que las defensas tan solo tuvieron "dos horas" --y "rodeados de efectivos policiales" en la biblioteca del Supremo, ha recordado-- para conocer el auto de procesamiento antes de que se celebrase la vista para decidir si los procesados por rebelión ingresaban de nuevo en prisión provisional.
Sobre la privación de libertad que pesa sobre su defendida desde entonces, el letrado ha hecho hincapié en que no existen argumentos que sustenten esta medida cautelar. Es más, ha puesto de relieve que fue una de las exconsejeras que se habían marchado al extranjero con Carles Puigdemont y que volvió para declarar como investigada en la Audiencia Nacional, el 2 de noviembre de 2017.
VILA NO VOTÓ LA DUI
Tras ella ha comenzado el turno de las defensas de los tres exconsejeros que se encuentran en libertad provisional, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, que se enfrentan a la pena de siete años de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia.
En representación de Vila --quien dimitió antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017--, el abogado Pau Molins se ha mostrado sorprendido de la inclusión de su cliente en este procedimiento. "Dimitió precisamente para marcar distancias de lo que sucedió, como muestra contundente de esa disconformidad", ha señalado el letrado.
Por todos estos motivos, Molins ha pedido a la Sala que interprete de forma restrictiva su propia competencia y renuncie a enjuiciar al que fuera consejero de Empresa, que no era aforado en el momento de producirse los hechos que constituyen la acusación.
Las penas de cárcel van desde los 25 años de condena que la Fiscalía solicita para Junqueras, a los 7 años para Mundó, Borràs y Vila, a quienes, a diferencia del resto, no se juzga por rebelión. El resto de acusados pueden llegar a cumplir penas de 16 o 17 años de prisión.
Tienen por delante varios meses de juicio con un apretado calendario de tres sesiones semanales, de martes a jueves, de 10.00 a 18.00 horas. Las dos primeras semanas, del 12 al 21 de febrero, prestarán declaración los acusados, aunque no será hasta este jueves cuando se oiga la voz de Junqueras.
TORRA, TORRENT Y VARIOS CONSELLERS, EN MADRID
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, ha entrado a las 9.15 de este martes en el Tribunal Supremo para asistir como público al juicio por el 'procés' independentista en Cataluña sin hacer declaraciones a la prensa. Una vez dentro ha mantenido un breve encuentro con el presidente del Tribunal, Carlos Lesmes.
Tambiénhan concurrido el vicepresidente Pere Aragonès; la consellera de Justicia, Ester Capella; el conseller de Territorio, Damià Calvet, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, estarán este martes en Madrid para seguir el inicio del juicio del 1-O que empezará en el Tribunal Supremo (TS).
Torra, Capella y Calvet han concurrido a las 10.00 horas en las sede el Alto Tribunal y posteriormente, a una hora aún por concretar, el presidente ha comparecido ante los medios en la sala del Centre Cultural Blanquerna de Madrid, donde está la sede de la Delegación de la Generalitat en la capital.
"Hoy ha comenzado un juicio que no se debería haber producido nunca en un Estado que se quiere considerar democrático", ha declarado Torra. "Se trata de una vergüenza indigna del siglo XXI en Europa, estamos ante una venganza ante un pueblo que defendió las urnas frente a las porras".
TODAS LAS REACCIONES
El lider de VOX, Santiago Abascal, ha afirmado este martes a su llegada al Tribunal Supremo donde el partido ejerce acusación popular contra los lideres independentistas que serán juzgados desde hoy por el 'procés' que el hecho de "que el presidente de la Generalidad de Cataluña esté entre el público y no en el banquillo de los acusados" en el juicio "muestra que el golpe sigue vivo".
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido este martes, coincidiendo con el inicio del juicio contra los líderes independentistas, que se respete la sentencia y no se les indulte. "Hoy comienza el juicio a los golpistas que intentaron destruir nuestra democracia. Deseo que se haga justicia y, sobre todo, que se respete la sentencia", ha asegurado en un apunte en su cuenta de Twitter, al que adjunta la etiqueta #IndultosNO.
Así, el líder 'naranja' sugiere a los políticos catalanes haber pensado mejor las acciones que encabezaron en el procés soberanista. "A quien no le guste que se le aplique el Código Penal, que lo hubiera pensado antes", ha subrayado.
Hoy comienza el juicio a los golpistas que intentaron destruir nuestra democracia. Deseo que se haga justicia y, sobre todo, que se respete la sentencia. #IndultosNO
— Albert Rivera (@Albert_Rivera) 12 de febrero de 2019
A quien no le guste que se le aplique el Código Penal, que lo hubiera pensado antes.
También en Twitter se ha expresado el expresident del Govern, Carles Puigdemont, desde donde ha avisado de que se "desenmascarará el montaje que pretende silenciar" a los catalanes.
Dempeus, ferms, serens i dignes. Jutjar-vos no és un acte de justícia, i ho saben. El que comença avui no acabarà amb l'1 d'octubre i, en canvi, acabarà per desemmascarar el muntatge que ens pretén silenciar i atemorir. #FreeCatalanPoliticalPrisoners #llibertatpresospolítics
— Carles Puigdemont (@KRLS) 12 de febrero de 2019
