Tras pasar este jueves a disposición judicial, el juez Manuel García-Castellón ha enviado a los siete miembros de los CDR a prisión incondicional sin fianza. Se les acusa de presuntos delitos de terrorismo, estragos y tenencia de explosivos, según avanzan en fuentes. Los siete arrestados fueron detenidos junto a dos personas más que quedaron en libertad, después de pasar por la comandancia de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia, en Barcelona
El juez considera que se cumplen las condiciones para poder enviarlos a prisión, debido a la gravedad de las penas de los delitos que se les imputan, la capacidad de destruir pruebas, la posible reincidencia delictiva, así como la posible sustracción a la acción de la justicia. Además, el magistrado relaciona a los acusados con los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), que califica de "organización con estructura jerarquizada que pretendía instaurar la republica catalana por cualquier vía incluida la violenta", según fuentes judiciales.
Desde primera hora de la mañana, García Castellón ha escuchado en declaración a los siete detenidos. Dos de ellos sí han respondido a los interrogatorios y los otros cinco, que tienen la defensa coordinada por el mismo equipo jurídico, ha optado por acogerse a su derecho a no declarar más allá de destacar en respuesta a sus letrados que no forman parte de ningún grupo terrorista.
En total, han pasado ante el juez cinco de los siete detenidos y tras cada declaración, se celebra una vista del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre medidas cautelares. En dos de ellas, tras acogerse los detenidos a su derecho a no declarar alegando que la causa está secreta, el fiscal ha pedido el ingreso en prisión provisional.
SUBVERTIR EL ORDEN CONSTITUCIONAL O LA PAZ PÚBLICA
La Fiscalía considera que la organización de la que forman parte presuntamente los detenidos tiene "naturaleza terrorista" y su finalidad era "subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública". A su juicio, la gravedad de las penas que acarrean estos delitos así como el "riesgo de que se pudieran materializar las conductas que se planeaban y de destrucción de pruebas" han llevado a solicitar la medida de prisión provisional sin fianza.
Los dos investigados que han llevado su estrategia de defensa al margen de los otros cinco, presentaron ayer un 'habeas corpus', denuncia por detención ilegal, en la Audiencia Nacional por boca de sus familiares, según informan en fuentes jurídicas.
Fueron recibidos por el juez de guardia anoche en la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ante quien reafirmaron su interés en mantener la misma asistencia letrada de oficio que habían recibido a su detención y declinaron presentar denuncia alguna. Este jueves, en un momento previo al inicio de las declaraciones, se les ha vuelto a consultar y han reafirmado su intención de seguir adelante con la misma asistencia letrada.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 mantiene esta causa bajo secreto mientras se analiza la numerosa documentación incautada a los detenidos en los diez registros que se practicaron el lunes en distintos puntos de la provincia de Barcelona.
