El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha acordado conceder a Luis Bárcenas, extesorero del PP que cumple condena por el caso Gürtel, un permiso de 12 días para salir de prisión. Sin embargo, se le ha denegado la progresión al tercer grado o la aplicación de beneficios penitenciarios del artículo 100.2 que pedía su defensa.
El juez le concede este primer permiso, al que se opuso la Fiscalía, por unanimidad de la Junta de Tratamiento de la prisión que, según recuerda el auto, está compuesta por rigurosos profesionales penitenciarios.
El permiso lo obtiene después de que la Junta estudiase las variables que concurren en el condenado y después de que Bárcenas haya pasado tres años y cuatro meses en libertad provisional, durante la fase de instrucción, sin que se haya producido ningún altercado ni intento de fuga.
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"Es tiempo, por tanto de consolidación de factores positivos existentes, debiendo hacerse una valoración de la conducta global del penado con especial insistencia en su actitud y comportamiento durante el disfrute del permiso ahora iniciado, potenciando la vía tratamental con especial incidencia en las variables o factores de inadaptación existentes", señala el juez de Vigilancia Penitenciaria.
Además, se considera la "asunción de responsabilidad" por parte de Bárcenas, así como su situación familiar, pues tiene un hijo que le espera fuera de prisión y ambos hechos son incompatibles con un intento de fuga a estas alturas.
No obstante, el juez rechaza que Bárcenas progrese al tercer grado y le niega también el 100.2 siguiendo el dictamen de la misma Junta de Tratamiento, al no quedar "plenamente acreditada una evolución favorable más allá de circunstancias penales y penitenciarias de normal convivencia que permite afirmar que el penado se encuentra, en el momento actual, capacitado para llevar un régimen de vida en semilibertad".
Bárcenas, que este miércoles comparece en la comisión de Kitchen en el Congreso, cumple una condena de 29 años de prisión por el caso Gürtel y actualmente se sienta en el banquillo por el presunto pago de parte de la reforma de la sede del PP con dinero de la supuesta caja B del partido.
