El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, le ha comunicado personalmente al ex ministro de Economía Rodrigo Rato que tiene hasta el lunes para abonar la fianza de 65,1 millones de euros fijada en el auto de procesamiento por el que le envía al banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.
Rato ha acudido este viernes, a las 11.05 horas, a los juzgados de Plaza de Castilla para recibir personalmente la notificación del juez. El trámite ha sido de forma personal "dada la naturaleza de la pena solicitada" por la Fiscalía Anticorrupción, que reclama para él 70 años de cárcel.
Según explicó el magistrado en el auto de procesamiento, la cifra trata de "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que pudieran imponerse al exministro en sentencia. Si no aporta esta cantidad en el plazo previsto "se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".
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El ex ministro ha ofrecido declaraciones a la prensa a su salida del juzgado y ha confirmado que en julio presentará un escrito de defensa. "Los tres principales delitos por los que se me detuvo en 2015 ninguno está en el auto", ha dicho, para luego agregar que los delitos fiscales por los que ahora se le acusa "se refieren todos a trabajos profesionales a través de sociedades".
En este sentido, ha recriminado que se trata de una "práctica habitual entre muchos profesionales liberales y que para personas muy relevantes como expresidentes de Gobierno nunca han sido llevados por la vía penal sino por la vía administrativa".
La investigación dirigida por el juez instructor concluye que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.
En las pesquisas se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones en esos ejercicios fiscales.
La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente 70 años de cárcel para el exministro. Le acusa de 11 delitos contra la Hacienda Pública, pide penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.
Rato finalmente no será juzgado por estos dos últimos delitos, según apunta el juez en su auto de apertura de juicio, por lo que Anticorrupción deberá ajustar su petición al final de la vista oral.
