La titular del Juzgado de Instrucción n1 51 de Madrid, Carmen Rodrígue-Medel, ha acordado este viernes el sobreseimiento provisional del caso conocido como 8-M al considerar que, tras la práctica de las diligencias de investigación acordadas en el procedimiento, no hay indicios suficientes del delito de prevaricación administrativa por el que se investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo.
La jueza concluye tras las diligencias de investigación practicadas que Franco "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones" entre el 5 y el 14 de marzo.
Franco declaró el pasado miércoles ante la juez Carmen Rodríguez Medel como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir la celebración de concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha del 8-M.
La investigación se inició el 23 de marzo, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid admitió la denuncia presentada por un particular por estos hechos. Desde entonces trata dilucidar desde cuándo conocía la Delegación del Gobierno en Madrid el riesgo de contagio por coronavirus y si omitió la alerta que emitió el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades el 2 de marzo, así como las recomendaciones sanitarias.
Sin embargo, tanto la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno, como la Fiscalía de Madrid se han opuesto a mantener viva la causa. Por un lado, los servicios jurídicos del Estado han recurrido casi todas las resoluciones de la juez Rodríguez-Medel y la práctica de todas las diligencias de investigación.
La Abogacía asegura que la magistrada ha querido convertir la instrucción "en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria" saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma. Por su parte, la Fiscalía tampoco ve que el delegado del Gobierno haya cometido un delito de prevaricación, ya que ni ha dictado resolución ni ha omitido "norma jurídica o mandato imperativo alguno que hubiese violentado arbitrariamente con una inactividad". En este sentido, añade que Franco no tiene competencias para prohibir una manifestación por razones sanitarias.
