• Quiere aplicar los mismos criterios que en el caso de Juan Karlos Yoldi en 1987
  • Roger Torrent confirma que la sesión plenaria para la investidura del candidato de Junts per Catalunya se celebrará el 12 de marzo a las 10:00 horas
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El candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez, ha enviado un escrito al Tribunal Supremo donde reclama al juez Pablo Llarena que le conceda la libertad provisional o, en su defecto, se le conceda un permiso extraordinario para asistir al pleno de su investidura.

Este permiso se pide para el 12 de marzo, fecha en que, según avanza en el documento y confirman fuentes parlamentarias, se celebraría la votación para su investidura. La argumentación para reclamar su libertad es que se están vulnerando derechos políticos elementales y que no se está respetando la voluntad de un parlamento escogido democráticamente, según informa el diario ‘Ara’.

"Desautorizar el criterio aplicado en el único precedente español de 1987 supondría, con todo el respeto, una triste involución en materia de respeto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, además de un grave perjuicio para la democracia y el pluralismo político", remarca el procurador en el escrito en referencia al caso de Juan Karlos Yoldi, parlamentario de Herri Batasuna a quien la justicia permitió acudir en el Parlamento vasco como candidato a lehendakari de la izquierda abertzale.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha propuesto este lunes a Jordi Sànchez (JxCat) como candidato para ser investido por la Cámara catalana como próximo presidente de la Generalitat, ha informado la institución en un comunicado. Pero la confirmación oficial del pleno no ha llegado hasta el martes, cuando Torrent ha confirmado oficialmente lo que ya se había conocido de antemano al trascender el escrito de la defensa de Sánchez. La sesión plenaria para la investidura del candidato de Junts per Catalunya se celebrará el 12 de marzo a las 10:00 horas.

Torrent ha tomado esta decisión tras haberse reunido este lunes con representantes de todos los grupos parlamentarios. En la resolución que ha firmado Torrent para proponer a Sànchez, se especifica que la investidura de Puigdemont ha quedado "sin efecto" porque él mismo anunció la semana pasada que renunciaba a la reelección.

PRIMER OBSTÁCULO: LA CÁRCEL

Si con Puigdemont el gran obstáculo para ser investido fue que reside en Bélgica y no tiene intención de volver -por la orden de detención que pesa contra él en España-, la dificultad que presenta Sànchez es que actualmente está en prisión preventiva.

El abogado de Sànchez, Jordi Pina, anunció que solicitaría permiso al juez para que pudiera ser investido, por lo que su asistencia a la Cámara está a expensas de lo que dictamine el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Si le denegara salir de la cárcel para la investidura, los independentistas se toparían con el mismo obstáculo que con Puigdemont: el TC y los letrados del Parlament han advertido de que cualquier investidura debe pasar por que los candidatos acudan presencialmente a la Cámara.

De momento JxCat y ERC rehuyen valorar qué harán si vuelven a ponerse condiciones a Sànchez que no pueda cumplir, y la líder de los republicanos en el Parlament, Marta Rovira, ha zanjado: "En el caso que haya un obstáculo lo valoraremos conjuntamente".

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha explicado que Pina solicitará el permiso cuando Torrent firme la convocatoria del pleno con la fecha.

SEGUNDO OBSTÁCULO: LA CUP

Para investir a Sànchez, JxCat y ERC deberán superar otro obstáculo: la CUP ya ha anunciado que sus cuatro votos serán abstenciones y no 'síes', lo que deja al independentismo sin mayoría suficiente para sacar adelante la elección.

La investidura de un presidente se debe hacer en primer vuelta con al menos 68 votos -mayoría absoluta- o, en segunda vuelta, con una mayoría simple; como están las cosas, Sànchez por ahora tendría 64 votos a favor de JxCat y ERC, 4 abstenciones de la CUP, y 65 votos negativos del resto de partido.

Los 64 votos de JxCat y ERC serían 66 si sus dos diputados en Bélgica, Carles Puigdemont y Toni Comín, pudieran delegar el voto pero, si realizan este movimiento, el Gobierno central ya anunciado que lo impugnaría antes los tribunales.

Así, JxCat y ERC solo tienen dos alternativas: o convencen a la CUP de que dos de sus diputados voten a favor de Sànchez o fuerzan a Puigdemont y a Comín a renunciar a sus escaños, y las dos partes están enconadas en no moverse de sus respectivas posiciones.

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