¿Jaque mate al 1-O? El Estado da por impedido el referéndum y el Govern espera el respaldo popular

La realidad es que, a 11 días del eventual referéndum, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha parado cualquier movimiento del Govern de Carles Puigdemont en torno a la logística del 1-O a golpe de Guardia Civil, creando una situación inédita que ha acorralado al soberanismo hasta no dejarles ningún tipo de capacidad de maniobra. El más reciente de la cadena de acontecimientos que se han precipitado en apenas una semana y media, desde que el 6 y 7 de septiembre se aprobaron las llamada leyes del referéndum y de fundación de la República Catalana en el Parlament de Catalunya, ha sido una macro operación de la Guardia Civil en las principales consellerias de la Generalitat, en la que se han desarrollado varios registros y se ha detenido a Josep Maria Jové. Se trata de la mano derecha de Junqueras y cabeza de la logística del referéndum.

Este golpe a las instituciones sigue a la actuación del instituto armado en diversas sedes de la empresa Unipost, mediante la que se han incautado las tarjetas censales y de composición de las mesas. En total, agentes del instituto armado han intervenido a lo largo de este martes en diferentes sedes de la empresa de correos más de 45.000 certificados de notificación cerrados, dispuestos por ciudades y poblaciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña, para su remisión a ciudadanos en el proceso de montaje del referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional.

Sin censo, sin papeletas y sin urnas -que no han aparecido por ninguna parte-, Moncloa da por desactivado el referéndum

Con estos golpes mortales asestados a los puntales de la consulta, se hace prácticamente improbable que, de llegar a desarrollarse, el referéndum tenga cualquier parecido con un proceso electoral normal. Ha sido durante un registro de la Guardia Civil a las oficinas de la empresa Unipost en Hospitalet del Llobregat y Terrassa, cuando se han incautado de tarjetas de comunicación de inscripción en el censo y de las notificaciones para presidentes o vocales de las mesas electorales. El plazo para comunicar estas circunstancias concluyó el viernes pasado.

Esta actuación sucede a una serie de intervenciones del instituto armado durante las que se han incautado 1,5 millones de carteles, panfletos y otros materiales publicitarios relacionados con la votación declarada inconstitucional. Por otra parte, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto actuaciones previas de investigación ante el posible acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación del denominado censo electoral catalán tras recibir una denuncia de un ciudadano. Si el Govern dispone de cualquier tipo de censo, por lo tanto, lo habrá adquirido de manera ilegal.

Sin censo, sin papeletas y sin urnas -que no han aparecido por ninguna parte-, Moncloa da por desactivado el referéndum. Además, este martes entra en vigor la intervención de las cuentas de la Generalitat anunciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a pesar del recurso presentado contra el Tribunal Supremo por la Generalitat. El alto tribunal ya ha señalado que este movimiento del vicepresident catalán, Oriol Junqueras, no evita que Montoro pase a controlar el pago directo de los servicios públicos fundamentales de Cataluña, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales. Esto supondrá administrar buena parte de los 1.400 millones mensuales que el Gobierno libra a la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica.

Y supondrá no poder destinar ni un céntimo más a la logística de la consulta, ya que el departamento de Hacienda controlará hasta los pagos con tarjetas de altos cargos de la Generalitat. Así lo ha acordado con representantes de la banca, a quienes ha explicado las medidas de control del gasto del gobierno autonómico y ha exigido que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General.

Por último, la ofensiva de los poderes ejecutivo y judicial pasa por un aluvión de querellas y órdenes de la Fiscalía. El Ministerio público ha presentado cargos contra el Govern y el Parlament -que han sido aceptados por los tribunales- y ha ordenado que se investigue y cite a declarar a los más de 700 alcaldes de toda Catalunya, incluida la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que dan apoyo a la Generalitat. Los primeros ediles de 37 municipios ya han empezado su desfile ante los juzgados, optando por el silencio ante el juez. Es decir, haciendo uso de su derecho a no declarar.

RESPUESTA CIUDADANA

Pero la postura de los partidos soberanistas de Junts Pel Sí y la CUP es no salirse del guión y sostener, contra viento y marea, que los catalanes podrán votar. Lo ha dicho el diputado de JxSí en el Parlament Marc Sanglas después de que la Guardia Civil haya requisado las tarjetas censales en Unipost. Ha señalado que estas “cuestiones técnicas” no evitarán la celebración del referéndum, ya que la voluntad de votar es mayoritaria en Cataluña.

La logística de la votación está aparentemente cercada por el Estado, “pero hay que esperar al 1 de octubre para ver si el gobierno de Puigdemont ha logrado driblar a Moncloa y finalmente aparecen las urnas y las papeletas”, indica Jordi Pacheco i Canals, decano del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (Colpis). Asimismo, pone el acento en la reacción de la población ante la convocatoria electoral que será lo que dará fuerza al referéndum “si la gente se lo hace suyo”.

Hay que esperar al 1 de octubre para ver si el gobierno de Puigdemont ha logrado driblar a Moncloa y finalmente aparecen las urnas y las papeletas

Una respuesta ciudadana masiva es también la mejor “actitud ante la Guardia Civil”, sostenía el conseller de Presidència, Jordi Turull, durante un coloquio organizado por el diario ‘Ara’. Hasta ha aconsejado plantarse en los colegios electorales a primera hora el 1 de octubre porque "el mundo estará mirando a Cataluña". Para el conseller, una imagen potente el día del referéndum serían grandes colas para votar, tal como pasó el 9 de noviembre de 2014. Sería la fotografía que daría la vuelta al mundo. Es por eso que Turull ha situado la participación como "fundamental", también de cara a los apoyos internacionales después del día 1.

La otra instantánea que quedaría para la historia sería la de los cuerpos de seguridad confiscando las urnas en los puntos de votación el día del referéndum, avisa Pacheco i Canals. “La retirada de urnas supondrá un enorme coste en términos de la imagen internacional del Estado español y crearía un estado de opinión pública que trascenderá nuestras fronteras y precipitará una intervención internacional”, avisa el decano del Colpis.

“Es muy difícil para el Ejecutivo de Rajoy explicar ante otras democracias maduras el que no se haya podido alcanzar un acuerdo para lograr este referéndum y que la reacción haya sido meramente represiva”, argumenta el politólogo. También recuerda que las actuaciones de los últimos días afectan a los derechos y libertades fundamentales recogidos en los artículos del 17-18 al 25 de la Carta Magna, por lo que valora que el Estado tendrá que “pagar un precio alto” en cuanto a proyección exterior.

DESENLACES Y SOLUCIONES

Así las cosas, ni el decano del colegio de politólogos se atreve a aventurar qué pasara el 1 de octubre, pero aún está menos claro qué ocurrirá el 2. Desde el Ejecutivo se ha señalado en diversas ocasiones que el momento de dialogar llegará ese día después, pero Pacheco i Canals cree que las heridas que se habrán abierto estarán demasiado recientes como para alcanzar cualquier tipo de solución intermedia rápida. Además, recuerda que si algo ha ganado el independentismo a lo largo de los años es confianza y músculo, por lo que no se conformarán con poner una tirita.

Varias firmas de inversión se han aventurado a dibujar escenarios para Cataluña más allá del referéndum. Si en algo coinciden todos los informes consultados por 'Bolsamanía' es que la independencia de la región es una quimera y proponen un nuevo encaje para Cataluña similar al concierto vasco. Un cambio constitucional donde se otorgue a Cataluña "el estatuto especial de la región vasca" sería un buen acuerdo para Berenberg. La firma alemana indica que el resultado del referéndum será difícil de interpretar y opinan que "podría ser un lío ruidoso por un tiempo, con suerte seguido por un período de reflexión y un acuerdo para una mayor autonomía".

Expertos internacionales coinciden en que la independencia de la región es una quimera y proponen un nuevo encaje para Cataluña

Mayor autonomía fiscal y una nueva financiación es también la receta de Moody’s. "podría ser un lío ruidoso por un tiempo, con suerte seguido por un período de reflexión y un acuerdo para una mayor autonomía". La agencia de calificación de riesgos recomienda al Gobierno de Rajoy que para lograr “una solución duradera" debería "satisfacer algunas de las principales demandas de Cataluña”, en concreto, “las relacionadas con mayores recursos fiscales y la reforma del marco de financiación regional”.

Es la solución intermedia que también reivindicaba hace escasos días el presidente de la CEOE, Juan Rosell, “entre la sumisión total y la independencia”. Abogaba Rosell por hacer "cambios y reformas" a la Constitución para garantizar otros 40 años de "tranquilidad y prosperidad”. Sin embargo, Pacheco i Canals avisa que todas estas concesiones se leerán con “desconfianza” y, además, llegan con cuatro años de retraso. “Esta salida podría haber desactivado el independentismo entre 2011 y 2013, pero ahora llegan a destiempo”, matiza.

De hecho, otro estudio de la Universidad de Oxford expone que “el problema va más allá de una solución puramente monetaria”. Un nuevo sistema regional de transferencia fiscal, posiblemente uno en el que Cataluña gane una mayor independencia en la gestión de los impuestos (similar a la actual configuración vasca), “calmaría la situación temporalmente”. No obstante, afirma que si no viene acompañado de una negociación política sólo será un parche y “no creemos que el actual Gobierno sea capaz de ofrecer mayores soluciones”, por lo que “las tensiones políticas seguirán cocinándose a fuego lento durante los próximos años”.

ELECCIONES… ¿Y LA DUI?

Una nueva convocatoria electoral en Cataluña, tanto si se celebra el referéndum como si no, es otro de los escenarios analizados. El decano del Colpis cree que tarde o temprano se acabarán celebrando, pero descarta que supongan un cambio de clima o que lleven a solucionar el problema. Para los expertos de Credit Suisse, la vía electoral es la más factible si se produce la cancelación del referéndum. En este contecto “podría acabar con el presidente de Cataluña renunciando a su cargo y anticipando unas nuevas elecciones”, donde, según los analistas, el apoyo al independentismo podría incrementar, ya que “los catalanes es posible que sientan que no tienen voz en su región”.

Pero Pacheco i Canals recuerda que el bloque soberanista guarda un último y peligroso as en la manga: la declaración unilateral de independencia (DUI). Recuerda el politólogo que en los programas electorales con los que tanto de Junts Pel Sí como la CUP se presentaron a las elecciones del 27 de septiembre de 2015, se dejaba constancia de que la independencia se declararía en el plazo de 18 meses. “El referéndum llegó después”, añade el decano del Colpis.

Si el bloque soberanista, con mayoría en la Cámara catalana disparara esta última bala, se daría un escenario de choque de legitimidades mayor que hasta la fecha. El Gobierno de Rajoy podría aplicar el artículo 155 o el estado de excepción, pero desde Cataluña se aduciría que no se reconoce al Reino de España, lo que obliga a una “internacionalización del conflicto de facto”, explica el decano del colegio de politólogos, y la situación pasa al ámbito del derecho internacional y quedará en manos de mediadores externos.