MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Sentencia de Honduras ha condenado este lunes a penas de entre 30 y 50 años de prisión a los siete autores materiales del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada hace tres años por su lucha en defensa del medio ambiente.
Cuatro de los acusados han sido condenados a 50 años y cuatro meses de cárcel; otros dos, a 30 años y seis meses de cárcel y el último, a 34 años de prisión, según recoge el portal de noticias hondureño Progreso Digital.
Además, cuatro de los acusados, Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza y Óscar Arnaldo Torres Velásquez, han sido declarados culpables por coautores y tentativa de asesinato del ecologista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen, por lo que fueron condenados a 16 años y cuatro meses de prisión.
Mientras, el oficial del Ejército Mariano Díaz ha sido condenado a 34 años de prisión; Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar) y Sergio Ramón Rodríguez acusados por coautores de asesinato de Berta Cáceres, han sido condenados a 30 años de cárcel. El único que fue absuelto del crimen fue Emerson Duarte Meza.
La ONG fundada y liderada por Cáceres, la Organización del pueblo Indígena Lenca en Honduras (COPINH), se ha hecho eco en Twitter de la sentencia, pero ha reprochado que no se haya procesado a los autores intelectuales del crimen y señalan de nuevo a la familia Atala Zablah, una de las más poderosas del país. "La impunidad no termina con una sentencia", subraya la COPINH.
"Hasta todas esas personas no sean enjuiciadas no va a acabar esta batalla por la justicia", ha señalado la hija de Cáceres, Bertha Zúniga, en declaraciones a la prensa tras conocerse la sentencia.
Cáceres, que lideraba la oposición a la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena, fue asesinada a tiros en su propia casa el 2 de marzo de 2016. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
La maestra de 43 años, ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, pasó a engrosar así la larga lista de activistas asesinados en Honduras, escenario habitual de movilizaciones indígenas y campesinas en defensa de sus tierras frente a macroproyectos.