- El Supremo impone al diputado una multa de 30.000 euros
El exconseller y diputado del PDeCat Francesc Homs ha sido condenado por el Tribunal Supremo a un año y un mes de inhabilitación por un delito de desobediencia derivado de su participación en la consulta realizada el 9N de 2014.
El alto tribunal le absuelve del delito de prevaricación del que también había sido acusado por la Fiscalía. Igualmente, el Supremo impone al diputado una multa de 30.000 euros.
La Fiscalía pedía para él nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos por organizar la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).
Homs: "Condenar por poner urnas es un error y una debilidad del Estado español: Hoy ganamos y seguiremos ganando"
La resolución del alto tribunal se produce en la misma línea que la dictada la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condenó al expresidente de la Generalitat Artur Mas por el mismo delito a dos años de inhabilitación para cargos públicos electivos locales, autonómicos o estatales al entender, al igual que establece ahora el Supremo, que la prevaricación administrativa de la que ambos habían sido acusados quedan absorbidas en el delito principal de desobediencia.
Las reacciones no se han hecho esperar. El mismo Homs ha asegurado que la condena del Tribunal Supremo (TS) que le inhabilita un año y un mes por la consulta del 9 de noviembre de 2014 es un error y que "lo volvería a hacer". En varios apuntes en Twitter recogidos por Europa Press tras saber la sentencia, ha dicho que "condenar por poner urnas es un error y una debilidad del Estado español: Hoy ganamos y seguiremos ganando".
1/3 Condemnar per posar urnes és un error i una feblesa de l'estat espanyol. Avui guanyem i seguirem guanyant! https://t.co/fNaObFsEH3
— Francesc Homs (@franceschoms) March 22, 2017
También ha asegurado que él solo se debe "al pueblo de Cataluña" porque es quien le ha elegido diputado, y ha agradecido las muestras de apoyo.
LA SENTENCIA
La Sala precisa además que "limita su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se ha formulado acusación" y no se cuestiona "si la aplicación económica de fondos públicos, promovida por el acusado en abierta y franca contradicción con el mandato emanado del Tribunal Constitucional, tiene o no relevancia penal", por lo que no entra a valorar si en este caso existió una malversación de fondos públicos de la que por otra parte no había sido formalmente acusado.
En relación con el delito de desobediencia, la sentencia explica que la providencia del TC, de 4 de noviembre de 2014, en la que se acordaba la suspensión de las actividades relacionadas con el proceso de participación, era de fácil comprensión y ordenaba a Francesc Homs que se paralizaran las actividades ya puestas en marcha y que se abstuviera de promover otras acciones dirigidas a la celebración de la consulta del 9-N.
En este sentido, indica que Homs sabía perfectamente cuál era el objeto de la impugnación y sabía que en el contenido de la providencia se aludía a todas aquellas actividades, presentes o futuras, que estuvieran dirigidas a hacer realidad la votación.
"La idea de que la excesiva amplitud del mandato oscurecía el ámbito de lo prohibido encierra un inaceptable sofisma. Entender que cuando el mandato lo abarca todo, en realidad no abarca nada, carece de sentido", afirma la Sala en su sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena.
Asimismo, añade, la ruptura de las bases constitucionales y del marco normativo que hace posible el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, no puede resultar indiferente al derecho penal. Sobre todo, cuando el legítimo restablecimiento de la legalidad, expresado cautelarmente a través de la providencia de suspensión del TC fue desatendido por sus principales destinatarios.
"Y la claridad de esta idea, llamada a actuar como presupuesto de la convivencia pacífica, no puede ser oscurecida mediante la voluntarista alegación hecha valer por el acusado de que fue él, en cumplimiento de su deber como gobernante, quien asumió el juicio de ponderación y decidió hacer caso omiso al requerimiento del TC.
PREVARICACIÓN ABSORVIDA POR DESOBEDIENCIA
La sentencia argumenta que no se dan los requisitos exigidos para dictar una condena por un delito de prevaricación, con fundamento en las omisiones del acusado que permitieron el desarrollo del proceso de participación. Razona que cada una de esas omisiones son secuencias de una desobediencia más amplia, la que impulsó a Francesc Homs a menospreciar el mandato del Tribunal Constitucional.
En este sentido, indica que condenar por un delito de prevaricación, tomando como acción típica las conductas omisivas del acusado, supondría fragmentar artificialmente una conducta omisiva que solo se explica por su unidad.
"Las distintas omisiones no son sino manifestaciones de la contumacia del acusado, de su resistencia a someterse al mandato del TC. Si bien se mira, la injusticia de esas omisiones -elemento insustituible del tipo objetivo del delito de prevaricación- solo podría apoyarse, en su caso, en la conducta desobediente que ya ha sido objeto de punición", asevera la Sala.
Además de esas omisiones, precisa la sentencia, en el caso del acusado, existió una acción positiva claramente individualizada en el relato de hechos probados. Se trata de la carta, de 6 de noviembre de 2014, en la que respondió a las dudas suscitadas por un directivo de T-SYSTEMS que exigía saber si los trabajos encomendados a esta empresa estaban afectados por la prohibición del Tribunal Constitucional.
Para el Tribunal Supremo, no basta acreditar la existencia de una resolución administrativa para condenar por un delito de prevaricación, sino que, además, se precisa que ésta sea injusta. En este sentido, detalla que la carta, si llegara a tildarse como una resolución injusta, lo sería porque mediante su contenido se desobedece lo resuelto por el Tribunal Constitucional.
Pero eso es precisamente, indica la sentencia, "lo que ha servido a la Sala de presupuesto para el juicio de tipicidad que permite la condena del señor Homs como autor de un delito de desobediencia".
Sobre la participación de voluntarios en el proceso, la Sala no cuestiona su protagonismo, pero señala que su presencia no se puede invocar como argumento exoneratorio para convertir lo que fue un proceso tutelado y dirigido desde el Gobierno de la Generalitat en un espontáneo movimiento ciudadano ajeno a toda vinculación pública o institucional.