No cesan los problemas para el expresident de la Generalita, Carles Puigdemont. A su condición de tránsfugo de la Justicia, por los delitos de rebelión, sedición y malversación que le imputa el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se le suma ahora una causa con Hacienda. Podría ser inhabilitado para ejercer un cargo público durante cuatro años por no declarar sus bienes a la Agencia Tributaria, que está a punto de culminar todos los trámites para abrirle un expediente sancionador por falta "muy grave".
Fuentes del ministerio que dirige Cristóbal Montoro han confirmado este jueves a Efe la próxima apertura del expediente, de acuerdo a la Ley de Régimen de Incompatibilidades de Altos Cargos al Servicio de la Generalitat de Cataluña.
La norma señala que estos altos cargos tienen un plazo de tres meses para adjuntar a la declaración de actividades otra correspondiente a la declaración patrimonial y de intereses en un plazo de tres meses a contar desde la toma de posesión.
Explica la agencia que Puigdemont ha agotado dicho plazo para presentar esta documentación que debe incluir, como mínimo, todos sus bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, los valores o activos financieros negociables, las participaciones societarias y el objeto social de las sociedades participadas y el de todas en las que tenga intereses.
