- La denuncia del número dos de Hacienda, también pone bajo el foco la ANC y Òmnium Cultural
- Hacienda controla el gasto de la Generalitat desde el 15 de septiembre
Igual que pasó con el expresident de la Generalitat, Artur Mas, que tras la decisión del Tribunal de Cuentas tuvo que pagar cinco millones de euros de su bolsillo por considerarse el responsable que haber usado dinero público para la consulta del 9 de noviembre de 2014, Hacienda quiere ahora que la Fiscalía investigue si Carles Puigdemont incurrió en el mismo delito el 1-O. El número dos del ministerio que dirige Cristóbal Montoro, José Enrique Fernández de Moya, ha pedido al Fiscal del Tribunal de Cuentas que se ponga manos a la obra.
El Secetario de Estado de Hacienda quiere saber si, a pesar de que su ministerio intervino las cuentas de la Generalitat el 15 de septiembre para evitar, precisamente, que se dedicara ni un euro de los presupuestos catalanes a la celebración del referéndum del 1 de octubre, el president de la Generalitat cesado y sus consellers escamotearon alguna partida. Por ello pide que sea el expresident y su Gobierno quienes paguen de su bolsillo los gastos si se demuestra que consiguieron destinar dinero público, según informa 'El Español'.
El ministerio de Cristóbal Montoro quiere que se investigue si se destinó dinero público a la celebración del referéndum
De hecho, en el escrito, pone de manifiesto su sospecha de que la votación se consiguió hacer con dinero público y pide que sea Puigdemont y sus consellers quienes respondan con su patrimonio personal. Exactamente igual que pasó con los impulsores de la consulta del 9N.
Explica también el digital que en su denuncia, Fernández de Moya también quiere que se investigue las entidades soberanistas, la ANC y Òmnium Cultural, especialmente las ayudas y subvenciones que ambas asociaciones reciben.
CUENTAS INTERVENIDAS
Pocos días después de la aprobación de las leyes del Referéndum y de constitución de la República, el Ministerio de Hacienda pasó a intervenir las cuentas de la Generalitat. Ocurrió después de un tira y afloja entre el departamento de Montoro y la Conselleria que lideraba Oriol Junqueras sobre el envío semanal de informes sobre gastos. En el momento en que el exvicepresident catalán se negó a seguir cumpliendo con la orden ministerial, Hacienda asumió los pagos a proveedores, de las nóminas y de los servicios de educación, sanidad y servicios sociales.
Para controlar el resto del Presupuesto, se ordenó además a Puigdemont adoptar ese acuerdo de no disponibilidad de créditos y se le concedieron 48 horas para hacerlo voluntariamente.
Así, las cuentas de la Generalitat no incluyen ninguna partida específica para el referéndum, pero se llevaron a cabo gastos como la campaña del mismo, que aparecía en la web del Govern, la compra de urnas o la limpieza de más de 2.000 colegios electorales.
