Hacienda avisa: "Si alguien decide romper ya con el Estado de Derecho, que se atenga a las consecuencias"

Así se ha manifestado el secretario de Estado de Hacienda en declaraciones a los periodistas en Almería, donde ha recordado que desde su departamento se mantienen los controles "reforzados" para garantizar la prestación de "servicios públicos esenciales para los catalanes" mediante la administración de las entregas a cuenta para "pagar la educación, la sanidad, los servicios sociales y la dependencia".

El Gobierno de la Generalitat decidió hace mucho tiempo situarse al margen de la ley

"El Gobierno de la Generalitat decidió hace mucho tiempo situarse al margen de la ley, quebrantar el ordenamiento constitucional y no respetar el Estado de Derecho, y eso tiene sus consecuencias", ha insistido el secretario, quien ha apuntado la labor desarrollada por el Gobierno desde el primer momento para controlar las cuentas públicas de Cataluña vinculadas a los ingresos y gastos de la Comunidad. En este sentido, han incidido en que el control del Gobierno ha estado encaminado a que "ni un solo euro" fuera destinado a sufragar un proceso de referéndum "ilegal e inconstitucional" y para que "se cumplieran de la A a la Z las sentencias del Constitucional".

Fernández de Moya ha recordado que de los 2.400 millones de euros aproximadamente que maneja el plan de tesorería mensual del Gobierno de la Generalitat, unos 1.467 millones proceden de la financiación ordinaria que entrega el Ejecutivo central en la primera y segunda quincena de cada mes en referencia a Renta, IVA e impuestos especiales, lo que supone el grueso de las aportaciones más importantes desde el punto de vista tributario, según ha destacado.

Según el representante gubernamental, los acuerdos adoptados en la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos ha permitido mantener "todo el control" sobre los pagos y las transferencias a los distintos entes públicos que conforman el presupuesto de la Generalitat al tiempo que ha dado lugar al control de las cuentas, puesto que según ha observado, la recaudación líquida por tributos propios asciende a aproximadamente a 250 millones de euros mensuales. "Cuando no se respetan las leyes, se tiene evidentemente que poner de manifiesto la aplicación con toda firmeza de ese Estado de Derecho, y eso es lo que está defendiendo es Gobierno de España", ha recalcado Fernández de Moya.