Laura Vilagrà, la consellera de Presidencia, ha comunicado este lunes que el Govern defenderá a los afectados por el Tribunal de Cuentas bajo el "principio de indemnidad", que, según ella, garantiza el derecho de los funcionarios públicos a ser defendidos por su administración.
Lo ha dicho en rueda de prensa después de reunirse junto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, para finalizar la ronda de contactos con los grupos parlamentarios.
Vilagrà ha recalcado que el Govern en los próximos días dará a conocer su propuesta para apoyar a los afectados por la causa del Tribunal de Cuentas, aunque no ha entrado en detalles sobre cómo lo hará ni si habrá también una ayuda económica para afrontar las fianzas.
Lo que ha expuesto es que la fórmula jurídica que plantea el Ejecutivo es "que se debe permitir el principio de indemnidad, que hace que funcionarios y los altos cargos tengan derecho a una tutela, a un apoyo", con el objetivo de demostrar su inocencia.
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"Es lo que haremos. Si nos fijamos en el Estatuto Básico del Funcionario Público, que de hecho es un estatuto español, de matriz centralizada, plantea que cualquier servidor público debe ser defendido por su administración", ha concluido, y ha asegurado que el Govern está trabajando intensamente para concretar esta propuesta.
EL TRIBUNAL DE CUENTAS RECLAMA 5,4 MILLONES DE EUROS A LOS LÍDERES DEL 'PROCÉS'
Es la cifra que el Tribunal de Cuentas le pide al president de la Generalitat que se encuentra en Bélgica, Carles Puigdemont, al expresident Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 ex cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.
Según el documento, de este importe total 5.151.156 euros corresponden al principal y 271.723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación fijado para este martes. Todas ellas se sumarán a los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista.
EL GOVERN CREA UN FONDO COMPLEMETARIO DE RIESGOS CON 10 MILLONES
Patricia Plaja, portavoz del Govern, ha informado este martes que un decreto ley ha sido aprobado con el fin de crear un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para poder cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a los cargos y excargos de la Generalitat.
Además han explicado durante la rueda de prensa, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el conseller de Economía, Jaume Giró que el objetivo de este fondo es "proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo" y que valdrá para "cubrir los elementos de indefensión que en estos momentos afectan a servidores y altos cargos".
