El Gobierno lha ogrado convalidar en el Congreso el decreto que regula la ejecución del multimillonario fondo europeo para la recuperación económica y social con el voto favorable de EH Bildu y la abstención de Vox. El Ejecutivo ha estado al borde de sufrir una derrota parlamentaria en este asunto crucial como consecuencia de la brecha abierta con sus aliados de ERC por las elecciones catalanas y la candidatura de la Generalitat del exministro Salvador Illa.
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Los independentistas han anunciado su voto en contra argumentando que el reparto de fondos europeos “está pensado a la medida de las grandes empresas”. Ciudadanos ha votado también en contra, al igual que el PP.
El Ejecutivo ha encontrado apoyos en EH Bildu, PNV, Más País y otras formaciones más pequeñas, pero aun así solamente han sumado 172 de los 350 escaños de la Cámara. Todo esto hasta que Vox ha anunciado por sorpresa su abstención, postura que le permitirá al Gobierno salvar la situación.
El Pleno ha arrancado con el debate sobre las medidas transitorias para adaptarse al Brexit que, en sus disposiciones transitorias, incluye otras cuestiones como la subida del salario mínimo a 950 euros. Otro debate ha sido el de las cuatro enmiendas a la totalidad a la proposición de ley con la que PSOE y Unidas Podemos quieren evitar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realice nombramientos cuando se encuentre en funciones, como está desde hace más de dos años.
Pese a su entrada en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cada decreto ley debe examinarse en el Congreso en el plazo de un mes para su convalidación o, en caso de no obtener el respaldo de la Cámara, su derogación.
A efectos de actividad parlamentaria, enero es un mes inhábil, pero el Congreso ha previsto un pleno extraordinario para esta semana con el fin de examinar los últimos decretos leyes aprobados por el Gobierno el pasado año. Tres de ellos se remontan al Consejo de Ministros del pasado 22 de diciembre: el plan de ayudas para la hostelería, comercio y turismo, la prohibición de desahucios y los cambios normativos para la ejecución de fondos europeos.
