El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado este domingo que el Gobierno ha pedido a las comunidades autónomas que faciliten una lista de infraestructuras para poder alojar a contagiados por el coronavirus pero que están asintomáticos, con el fin de evitar que puedan contagiar a otras personas.
El presidente de España, Pedro Sánchez, ha hecho esta petición a los presidentes regionales en una reunión por videoconferencia que han celebrado esta mañana. Supone su cuarto encuentro desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo por la pandemia de coronavirus.
La intención es que este listado esté concluido antes del próximo 10 de abril, justo cuando finaliza la Semana Santa y los trabajadores de sectores no esenciales volverán a incorporarse a sus puestos de trabajo. "Se pretende tener previsto todos los escenarios y anticiparse a las necesidades de la estrategia" de desescalado, ha apuntado Illa en una rueda de prensa desde Moncloa.
Para detectar a estos enfermos asintomáticos, el Gobierno va a repartir alrededor de un millón de test rápidos a las comunidades autónomas. El ministro de Sanidad ha asegurado que llegarán "mañana por la mañana a más tardar", para ser utilizados como complemento a las pruebas PCR, realizando un cribado en hospitales y residencias de ancianos.
MARLASKA: "EXQUISITO RESPETO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES"
Todavía se desconoce si este aislamiento sería impuesto por el Estado o de 'motu propio' por los contagiados asintomáticos. Por ello, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que se va a garantizar un "exquisito respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos", así como al marco constitucional.
"Supongo yo que una voluntariedad manifiesta, si fuera necesaria y precisa, sería algo factible. Si no, se estudiarían todas las posibilidades legales, porque hay un principio fundamental: garantizar la salud pública como bien constitucional del conjunto de los ciudadanos españoles", ha comentado al respecto.
En esta línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha circunscrito la medida al estado de alarma, que jurídicamente "tiene plena cabida en la Constitución". "Hemos llegado al estado de alarma por las circunstancias terribles. Actuaremos siempre dentro de los marcos constitucionales", ha afirmado. Marlaska ha añadido en este sentido que "el Estado democrático de derecho y social está plenamente vigente" en España pese al estado de alarma.
