La línea que separa la realidad de una distopía de George Orwell está aún lejos de hacerse más difusa que nunca. El Gobierno de España no podrá vigilar y acceder a aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram.
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La polémica viene de la mano del anteproyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones. En este, una de sus medidas deja claro que, en caso de aprobarse, "El Estado español podrá asumir la gestión directa o intervenir las redes y servicios de comunicaciones electrónicas con carácter excepcional y transitorio si hay riesgo para el orden público, la seguridad pública o a la seguridad nacional".
El Gobierno no usará este mecanismo para espiar o acceder a sus mensajes en WhatsApp o Telegram, sino para enviar "alertar públicas en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes en curso". Esta potestad ya la ostentan las operadoras tradicionales, según la Directiva 2018/1972 del Parlamento y el Consejo Europeo.
Precisamente esta nueva ley busca convertir a aplicaciones como WhatsApp y Telegram en operadores, para lo que deberán pagar sus tasas, y quedar expuestas a ser utilizadas por el Gobierno en caso de emergencia para alertar a la población.
