- Un transportista afirma en juicio que entregó las urnas del 9N tras la suspensión del TC
- Un inspector de educación ha sostenido en su declaración este martes como testigo en el juicio del 9N que "se estaba forzando a los directores"
Tercera sesión del juicio por la consulta popular del 9N sobre la independencia de Cataluña. Este miércoles es el turno de el diputado de PDeCAT en el Congreso y conseller de Presidencia durante el 9N, Francesc Homs, que también será juzgado por el Tribunal Supremo por el mismo caso a partir del 27 de febrero. Entre el resto de testigos que prestarán declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) también figuran el exalcalde de Barcelona Xavier Trias y los expresidentes del Parlament Núria de Gispert y Joan Rigol -excoordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir-.
A las 9.30 ha empezado la tercera sesión del juicio al expresidente del Govern Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau.
Durante su testimonio, Homs ha explicado este miércoles en el juicio del 9N que el Govern decidió mantener el proceso participativo, convencido de no incurrir en ilegalidad, tras el veto del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre. Además, ha recordado que el Consell Executiu de la Generalitat del 4 de noviembre abordó la suspensión y después él informó públicamente en nombre del Govern de que mantenían el proceso participativo: "Lo digo por las afirmaciones de que actuamos con falta de transparencia".
Esta ha sido una alusión velada a la postura de la Fiscalía, que considera que el Govern incumplió la providencia del TC simulando que lo dejaba en manos de los voluntarios cuando en realidad seguían ellos organizando la consulta. Homs ha dicho que él era máximo responsable del Gabinete Jurídico de la Generalitat y quien configuraba la decisión final de los servicios jurídicos: tras tener conocimiento de la providencia del TC que suspendía la consulta, informó al Govern de que no estaban cometiendo "ninguna irregularidad, ilegalidad, y ninguna acción tipificada de manera penal".
"Di fe de que no solo estábamos haciendo lo que legalmente teníamos la posibilidad de hacer y la obligación de hacer; di cuenta en el Govern de que, además de no incumplir ninguna ley, no estábamos en la posibilidad de incurrir en un tipo penal", ha argumentado. Así, ha afirmado que fue él quien tomó la decisión de que los servicios jurídicos interpusieran un recurso de súplica ante el TC con un otrosí pidiendo una aclaración de la providencia sobre cómo debían actuar.
LAS URNAS SE ENTREGARON TRAS LA SUSPENSIÓN
Durante el juicio se ha tomado declaración a uno de los testigos de la acusación popular, la representante de una empresa transportista de material para la consulta del 9N, Cristina Fernández. Ha afirmado en juicio que entregaron las urnas y material gráfico el 7 y el 8 de noviembre de 2014, es decir, después de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiese el día 4 la consulta sobre la independencia.
La testigo ha explicado, a preguntas del fiscal, que nadie contactó con ellos para decirles que paralizasen el transporte tras el veto del TC. Este testimonio, solicitado por la acusación popular, se suma a los representantes de empresas contratistas que declararon el martes y que coincidieron en que continuaron los trabajos para el 9N después de la suspensión ya que nadie del Govern les instó a detenerlos.
MÁS COMPARECENCIAS
También están previstas las comparecencias del director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer; el alcalde de Premià de Mar (Barcelona) y presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, y los catedráticos de Derecho Constitucional Enoch Alberti y Joan Vintró.
Todos estos testigos comparecen a petición de las defensas de los tres acusados, y el primero en declarar será Homs a las 11 horas aproximadamente, según la previsión de la sala civil y penal del TSJC.
El exconseller de Presidencia también está investigado por su actuación al organizarse la consulta, aunque de su caso se encarga el Tribunal Supremo por su condición de aforado al ser diputado del Congreso.
Ser investigado por esta misma causa le da la potestad de no responder en el TSJC a las preguntas que puedan incriminarle o ir en su contra, además de comparecer con abogado, ya que en su condición de testigo está obligado a decir verdad, mientras que cuando declare como investigado en el Supremo no tiene esa obligación.
JUEVES Y VIERNES
De cara a este jueves se prevé la comparecencia de varios testigos a petición de la defensa de Joana Ortega; entre ellos, la secretaria de Administración y Función Pública, Meritxell Masó; la exdiputada de ERC en el Parlament Gemma Calvet y la alcaldesa de Vilanant, Anna Palet.
El juicio previsiblemente concluirá el 10 de febrero con la prueba documental y los informes finales, en los que la Fiscalía y las defensas emitirán sus conclusiones, y los tres acusados tendrán derecho al uso de la última palabra.
