La Junta de Fiscales ha insistido a la Fiscalía Anticorrupción para que esta siga investigando el contrato por el que supuestamente Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cobró una comisión de 283.000 euros.
Alejandro Luzón, el fiscal que no ha querido entregar los datos de la investigación a la Fiscalía Europea, ha visto su decisión apoyada por el resto de fiscales de la sala y, así, Anticorrupción podrá seguir investigando en Madrid el contrato en cuestión. Sin embargo, la Fiscalía Europea puede hacer pesquisas por su cuenta después de enviar una solicitud al tribunal anticorrupción español para entrar en la investigación que afecta al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Tal y como adelantan varios medios, la representante de la Fiscalía Europea en España, Concepción Sabadell, ha pedido todas las diligencias relacionadas con la adjudicación a Tomás Díaz Ayuso, ya que el dinero con el que se realizaron las compras pertenecía a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) para ayudar a los Estados miembros a paliar los efectos de la pandemia y adquirir materiales.
Este movimiento se produjo cuando hace unos días, el Servicio Nacional de Cooperación Antifraude (SNPA), el órgano encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la UE contra el fraude en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OALAF), remitió un informe a la Fiscalía Europea sobre estos hechos
AYUSO AFIRMÓ QUE SU HERMANO COBRÓ SÓLO 55.000 EUROS
Isabel Díaz Ayuso emitió hace dos semanas un comunicado en el que revelaba que su hermano cobró 55.000 euros más IVA por su trabajo para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid, no por intermediar con la administración pública.
Entonces, la presidenta de la Comunidad de Madrid defendió que el acuerdo fue beneficioso para la Consejería de Sanidad, puesto que en ese momento (abril de 2020) algunas empresas llegaban a cobrar hasta 10.50 euros por las mascarillas. Estas afirmaciones se producen en el momento en el que la presidenta se vio salpicada por el escándalo del contrato de compra de mascarillas de la región con Priviet Sportive durante el confinamiento.
