Nuevo quebradero de cabeza para el Gobierno de Pedro Sánchez. El recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra el decreto del estado de alarma, y el de la Comunidad de Madrid contra la decisión del Ejecutivo de no permitir antes el pase de la región a la fase 1 podrían derivar, si triunfan en los tribunales, en un aluvión de reclamaciones por parte de los ciudadanos exigiendo al Estado que asuma una responsabilidad patrimonial. Y si eso ocurre, generaría más déficit público, algo que no está contemplado en las previsiones.
Esa es la valoración que hacen los expertos en derecho consultados por Bolsamanía. Según Juan José Guardia, profesor de Derecho Administrativo de la Universitat Abat Oliba CEU, en el caso del recurso presentado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ante el Supremo puede haber una consecuencia económica si el alto tribunal le da la razón a Madrid. "Si dictamina que la decisión del Gobierno central fue ilegal por falta de motivación o por una violación del principio de igualdad que aparece recogido en el artículo 14 de la Constitución, puede haber responsabilidad patrimonial".
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Si gana Ayuso, se entendería que ha habido un perjuicio económico a la Comunidad de Madrid, y los ciudadanos (persona física o jurídica) tendrían "un año para solicitar a la administración una indemnización por menoscabo patrimonial", dice Guardia. Tendrán que demostrar que la decisión tomada por el gabinete de Sánchez les provocó ese perjuicio, pero podrán reclamar.
Una idea con la que coincide Enrique Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). "Puede haber tres consecuencias: que el Supremo determine la nulidad total, la nulidad parcial o la validez del acto". Si hay nulidad, total o parcial, puede ser por falta de motivación suficiente (que no exista) o porque se haya producido una desviación de poder, es decir, "arbitrariedad" por parte del Gobierno central y una "injustificación absoluta" de su decisión de mantener a Madrid en la fase 0 de la desescalada.
"En función de lo que decida el Supremo podría tener consecuencias de futuro para la Comunidad de Madrid, para los hosteleros, los restaurantes... que podrían exigir responsabilidad a la Administración del Estado en términos económicos", explica este experto, que remarca que si el alto tribunal determina que la decisión fue arbitraria y que, por tanto, no hay base alguna y se ha producido una desviación de poder que no se justifica, "podría dar lugar a que alguien ejerciera una acción penal contra los responsables de que no se pasase de fase". Serían, dice, acciones penales planteadas contra el Ministerio de Sanidad.
Pero no solo los madrileños podrían ganar con este recurso de la Comunidad de Madrid. La propia presidenta regional también, al menos en términos políticos. Según Guardia, la acción que ha emprendido en el Supremo le va a permitir acceder al expediente administrativo completo con todos los informes en los que se ha basado Sanidad para tomar las decisiones del cambio de fases. "Es una forma de lograr el acceso a todos los informes, porque la Administración no puede negarse", o se enfrentaría a una sanción, dice.
Por ley, en los procedimientos contenciosos-administrativos se obliga a que las partes aporten y tengan acceso a toda la documentación, por lo que aunque se trata de una vía que "no es rápida", a Ayuso le servirá para "argumentar su demanda y para hacer política", afirma el profesor de derecho administrativo.
SENTENCIA CON EFECTOS DECLARATIVOS
En cuanto al recurso que Vox ha presentado en el Tribunal Constitucional contra el decreto del estado de alarma, y que ha sido admitido a trámite, Arnaldo apunta que ahora debe tramitarse y que "hay que oír al Gobierno (Abogacía del Estado) y a las Cámaras, que podrán presentar alegaciones, y después decidirá". Para cuando esto pase, es muy probable que el estado de alarma ya haya concluido, por lo que en su opinión la sentencia tendrá "efectos declarativos".
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"No tendrá efectos ejecutivos, si anula algo, algún precepto, sino puramente declarativos. Un efecto pedagógico", dice el catedrático de la URJC, que cree que, en todo caso, sí que "servirá de base por si en el futuro existen nuevos estados de alarma". Aunque destaca que, si la sentencia del Constitucional da la razón a Vox, puede haber acciones derivadas: que se exija una responsabilidad patrimonial contra la administración, o que algunos particulares "promuevan otros procesos judiciales".
Sobre este recurso, Guardia reconoce que ha habido un gran debate entre los expertos en derecho constitucional, y "muchos entienden que el Gobierno se ha extralimitado" porque algunas de sus decisiones eran más propias de un estado de excepción que de un estado de alarma. Como por ejemplo lo referente a los movimientos, que muchos opinan que no se han limitado, sino suspendido, y eso se hace cuando hay un estado de excepción. "El problema es que el estado de excepción da mayor poder de control al Congreso, y con la alarma el Gobierno tiene más libertad, por eso se decretó la alarma", señala este experto.
Como explica, "si el Constitucional entiende que alguno de los puntos o aspectos del decreto son más propios de un estado de excepción, dará la razón a Vox y lo declarará inconstitucional, y podría determinar que se generó un daño a los ciudadanos", remarca el profesor. Y si es así, los ciudadanos podrían reclamar una "responsabilidad patrimonial" por haber sufrido "un daño económico que no tenían la obligación jurídica de soportar". Si hay aspectos que el tribunal cree que no son constitucionales, "habrá una potencial indemnización".
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