España cuenta actualmente con un total de 27 licencias vigentes de exportación de material de defensa a Arabia Saudí, siete de ellas de munición. No obstante, el Gobierno recuerda que puede revocar o suspender autorizaciones "si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido" de las exportaciones
Las ventas de armas deben recibir la autorización previa de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa (JIMDDU), que analiza las operaciones teniendo en cuenta los criterios del Tratado sobre el Comercio de Armadas, de la posición común de la Unión Europea y de la OSCE, según ha revelado el Gobierno en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press.
Bajo estos parámetros, el Ejecutivo revela en su respuesta al diputado de ERC Gabriel Rufián que la JIMDDU dio el visto bueno a una venta en el año 2015, a cinco exportaciones en 2016, a un total de 17 en 2017 y a cuatro en 2018.
De estas 27 licencias vigentes, siete son de munición. Además, entre ellas se encuentra la polémica venta al país saudí de las 400 bombas de precisión propiedad de las Fuerzas Armadas que la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció que quedaba en suspenso y que después el Gobierno volvió a autorizar. El Ejecutivo revela que esta venta es la única correspondiente a bombas de aviación de precisión, autorizada el 13 de noviembre de 2015 y que ha renovado su plazo en dos ocasiones en la JIMDDU con posterioridad a esa fecha.
Entre las licencias se encuentra la polémica venta de 400 bombas de precisión
Según sostiene, la junta interministerial evalúa "muy especialmente" en las solicitudes el cumplimiento de los criterios de respeto de derechos humanos, la situación interna del país de exportación, la situación regional y el riesgo de desvío de las normas europeas, "no autorizándose ninguna operación en la que no se cumplan estrictamente estos criterios".
Tras la polémica por la venta de las 400 bombas de precisión, el Gobierno ya anunció que no vendería ningún tipo de material de defensa de su propiedad a Arabia Saudí y anunció nuevos mecanismos de control de las exportaciones, como revisiones en los países de destino.
YA SE REFORZARON LAS GARANTÍAS
El Gobierno asegura además que, tras el golpe de Estado que tuvo lugar en Yemen en 2014 y la intervención de la coalición de la Liga Árabe en el país, ya se "reforzaron" las garantías de uso final en las exportaciones a Riad, "exigiéndose el compromiso de no utilización fuera del territorio del país importador".
Por ello, garantiza que si tuviese conocimiento o "existiese riesgo de uso indebido" de los materiales exportados, el Ejecutivo aplicaría la ley de control del comercio exterior de material de defensa para poder "suspender o revocar una autorización previamente concedida".
En este contexto, recuerda que los países que forman parte de la Liga Árabe no están sometidos a embargo alguno por parte de Naciones Unidas o la Unión Europea, aunque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sí estableció un embargo de armas a una serie de personas y entidades involucradas en el golpe de Estado en Yemen.