De los 22 ministros de Pedro Sánchez que han tomado posesión de sus carteras esta semana, la que tiene una de las tareas más duras por delante es la titular de Hacienda, María Jesús Montero. De ella depende la confección de la Ley de Presupuestos Generales de esta legislatura, que servirá en gran parte para pagar los cheques que el presidente del Gobierno extendió a los partidos que le apoyaron en la investidura y para cuya aprobación requiere del apoyo de ERC. Los republicanos han hecho públicos los datos del déficit fiscal del Estado con Cataluña para presionar a a ministra a las puertas de una negociación que se anticipa dura.
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El partido que lidera Oriol Junqueras ha reiterado una y otra vez que el acuerdo firmado con el PSOE no era aplicable ni a la gobernabilidad ni a las cuentas estatales. Según se han esforzado en defender esde 'esquerrra', la única condición que imponen para brindar su apoyo al proyecto de ley que presente la ministra de Hacienda, es que haya una mesa de diálogo bilateral Estado-Generalitat. Se ha hablado de amnistía a los presos y de autodeterminación, pero nada concreto más allá de esta negociación con el Ejecutivo que, según declaran, es el peaje que cobrarán a Pedro Sánchez.
Pero tal como ha podido saber este medio, durante las largas negociaciones entre republicanos y socialistas se abordaron otras cuestiones económicas que afectan a Cataluña. Exactamente igual que lo hizo el PNV se habló de financiación autonómica y de partidas concretas, como las destinadas a sanidad y dependencia. La primera será competencia del flamante ministro de Sanidad, Salvador Illa, uno de los negociadores del PSOE, mientras que la segunda queda bajo el paraguas de la vicepresidencia social de Podemos, capitaneada por Pablo Iglesias.
Otra de las cuestiones que los republicanos han puesto sobre la mesa recientemente son las deficiencias históricas de inversiones entre el Estado y Cataluña. Esto eso el desequilibrio entre lo que la región aporta y lo que recibe de los sectores públicos nacionales. De acuerdo con la última actualización de la balanza fiscal que ha hecho pública el Departamento de Hacienda de la Generalitat que lidera el republicano Pere Aragonès, este se elevó a 16.800 millones de euros anuales en los ejercicios 2015 y 2016.
El cálculo de la fiscalidad catalana se efectúa a partir del método del flujo monetario y la de la incidencia carga-beneficio. Según ambos, la diferencia entre lo que Cataluña aporta, que está cercano al 19% del PIB que representa la región y lo que recibe, alrededor del 13%, es de aproximadamente seis puntos. Según el Estatut de Catalunya, la aportación de los servicios públicos estatales a la comunidad debe igualar este 19%.
De hecho, uno de los motivos por los que los republicanos rechazaron los presupuestos del Gobierno hace aproximadamente un año es precisamente porque no acababan con el déficit. La inversión en Cataluña era histórica y presentaba un incremento del 66%, pero se quedaba en el 18,5% del PIB. No se prevé que las cuentas que presente Montero se aparten mucho de estas cifras, aunque no hay nada concreto todavía, más allá de que la titular de Hacienda ha prometido una revisión de la financiación autonómica.
Una fiscalidad para Cataluña próxima al concierto vasco, además del control de los puertos y aeropuertos y otras infraestructuras e inversiones de 45.000 millones de euros hasta 2030 son otras de las reivindicaciones del independentistmo. La respuesta del Estado ha sido hasta ahora difusa. Montero se ha limitado a declarar que impulsará una reforma del reparto autonómico para "cerrar las brechas territoriales".
La titular de Hacienda ha declarado su intención de presentar los Presupuestos de 2020 "a la mayor brevedad posible" y a la vez confeccionar una hoja de ruta que marque las prioridades y los elementos sobre los que se trabajará este año. Por ahora, cuenta con el respaldo del PNV, que ya ha dicho que no se opondrá a las cuentas y del Partido Regionalista Cántabro, con quienes el PSOE ha renovado su pacto de Gobierno en Cantabria, después del no del PRC a la investidura. En los presupuestos será un sí, mientras se esperan a los avances en la mesa de diálogo Cataluña-Estado para obtener el respaldo de ERC.
