- La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe calificarse de acertada
- España es un país donde la justicia debería ser más ágil
- Descarta que en un futuro vaya a dar el salto a la política
El juez Fernando Grande-Marlaska, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha analizado para Bolsamanía el estado en el que se encuentra la Justicia en España y ha valorado algunas de las actuaciones que más portadas han ocupado en la prensa nacional durante los últimos años.
Así, el magistrado ha sugerido que se puede “moldear” la sentencia de prisión que actualmente cumple Arnaldo Otegi, al tiempo que ha descartado que los jueces encargados de dirimir en casos de interés general, como son la imputación a Artur Mas, Rodrigo Rato o el caso Nóos, estén sometidos a una presión que condicione su trabajo.
¿Qué opina de las voces que insinúan que la imputación de Mas está provocada por motivaciones políticas?
Todos debemos generar confianza en la Administración de Justicia como el garante principal de los derechos y libertades. Si se refiere alguna duda me gustaría que estuviera sustentada en datos objetivos.
¿Cómo se puede evitar la influencia política en el Poder Judicial?
Entiendo que no existe esa influencia, que debemos generar confianza en la independencia de la Administración de Justicia porque es una realidad, sin perjuicio que desde el Consejo General del Poder Judicial se empleen todos los instrumentos a su disposición para garantizarla.
¿Es el CGPJ un órgano dominado por la política?
A mi entender no. Es un órgano que desarrolla la política judicial, pero extramuros de cualquier interferencia de otro poder del Estado. Soy consciente de cómo se critica el modelo de elección de los vocales por el Parlamento, haciendo creer que sus miembros llegamos a ser correa de transmisión de aquél. De mi experiencia solo puedo decir que nada se acerca a esa suposición.
"Soy férreo defensor de la elección de los vocales del CGPJ por parte del Parlamento"
Soy férreo defensor de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte del Parlamento, ya que este ejerce la soberanía popular, y nadie puede dudar de que no pueda haber conclusión más afortunada que la que ésta participe en la elaboración de la política judicial. Eso no puede calificarse en un país democrático y serio, conocedor y defensor de la división de poderes, como intromisión ilegítima.
Más allá de la presión política, ¿hay presión mediática en casos de gran interés general, como puede ser la causa contra Rodrigo Rato o el caso Nóos?
No me gusta hablar de la existencia de presiones ni políticas ni mediáticas. Creo que debemos hacer referencia a preocupaciones de distintas instituciones, entre las que se encuentran los medios de comunicación, sobre concretas investigaciones judiciales.
Es cierto que lo que he llamado preocupaciones en algunas ocasiones puede adquirir, entiéndaseme bien, un carácter patológico pretendiendo que la verdad judicial deba corresponderse con cualquier otra que se mantiene fuera de su ámbito. Pero debe quedar claro que lo que se denomina presión son circunstancias con las cuales todos los jueces y juezas estamos acostumbrados a trabajar, siempre que se mantengan en los límites razonables, aún cuando reconozco que pueden ser difíciles de definir.
Siempre me gusta dejar claro que ese tipo de ‘presiones’ en modo alguno afectan al correcto desarrollo de la función jurisdiccional. Es preciso subrayar esta conclusión porque si no estaríamos generando, sin razón, desconfianza hacia un poder y servicio público tan importante para la estabilidad del Estado de Derecho.
¿Comparte la opinión de Baltasar Garzón de que no tiene sentido que Arnaldo Otegi continúe en prisión?
Me gustaría subrayar que las sentencias están para ser cumplidas, y las privativas de libertad como es el caso que nos ocupa pueden moldearse dentro del tratamiento individualizado, gozando de beneficios como los permisos de salida, progresión de grado, etcétera, siempre que se cumplan los requisitos legales, piedra angular de todo Estado de derecho.
¿Cuá les son los principales problemas que afectan a la Justicia en España?
Una falta de medios personales y materiales, no así el interés y profesionalidad tanto de jueces, fiscales y letrados como de funcionarios de la Administración de Justicia. Todos poseen a día de hoy una especialización concreta en distintos ámbitos que permite que la respuesta vaya siendo, pese a todo, más eficaz día a día.
¿Cómo valora la última reforma del Tribunal Constitucional? ¿Es una maniobra política o realmente va a tener un efecto positivo?
No puedo ni debo valorar ninguna reforma legislativa en extremos políticos. En este sentido, lo único que puedo decir es que siempre es una garantía contar con los instrumentos necesarios para que las resoluciones judiciales se cumplan en su literalidad.
¿Y la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal? ¿Favorece el trabajo de los jueces o les somete a mayor presión?
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe calificarse de acertada
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe calificarse de acertada. En concreto, en lo referente a la agilización de la justicia, en los tiempos máximos de instrucción y a la posibilidad de dividir los denominados macroprocesos en distintos enjuiciamientos. De esa manera evitaremos dilaciones en muchos de ellos. Y todo ello sin perjuicio de que deban implementarse los medios materiales y personales a disposición de las autoridades judiciales con el fin de que dichos plazos no se conviertan en una utopía irrealizable. No creo que dicha reforma someta a los jueces a mayor presión que la que es inherente a la carga de trabajo que soportamos habitualmente.
No debemos olvidar, además, que existen otras reformas en materia de justicia altamente relevantes como es el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reforma que ha entrado en vigor el 1 de octubre pasado y donde debe destacarse la potenciación de la especialización de los distintos órganos judiciales, como la violencia de género, ampliando su competencia territorial a más de un partido judicial, mercantiles, etc., que permitirán implementar de manera sustancial la eficacia en la resolución de los distintos procedimientos.
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¿Hay pocos jueces en España?
En España somos aproximadamente 5.500 jueces y juezas, una ratio que se encuentra por debajo de la media europea y que determina una necesaria reflexión al respecto. Pero no podemos concluir, o por lo menos con los datos de que yo dispongo, sobre cuál debiera ser su número. Es una reflexión importante que debe ponerse en relación, como ya he indicado, con los medios de que se dispone para el ejercicio de la función jurisdiccional y siempre buscando la necesaria eficacia. Personalmente, me preocupa más conocer y saber si todos los jueces y juezas contamos con los debidos recursos para que nuestro trabajo sea plenamente eficaz. Una vez alcanzado ese objetivo, sí que podríamos definir con mayor seguridad el número de jueces preciso.
¿Es España un país en el que la Justicia funcione de una forma muy lenta?
Yo diría que España es un país donde la justicia debería ser más ágil para garantizar la seguridad jurídica como elemento conformador de las relaciones sociales en cualquiera de sus manifestaciones. Debe prestarse atención principal a que medios personales y materiales cumplan con eficacia su cometido de servicio público. Es una cuestión que es objeto de debate continuo. Prueba de esto es que se dan pasos como las reformas legales anteriormente referidas.
¿Tiene pensado dar el salto a la política en algún momento de su carrera?
No me lo he planteado porque me gusta el ejercicio de la función jurisdiccional.
¿Cómo valora las críticas por publicar su patrimonio en el Portal de Transparencia del CGPJ?
No sé a qué críticas se refiere. Decidí publicar la relación de mis bienes dentro de lo que es la política de transparencia del Consejo General del Poder Judicial, aun no estando obligado, al entender que todo alto cargo debería estarlo, como garantía hacia el conjunto de la sociedad. Quien ocupa un alto cargo del Estado debe ser transparente frente a la sociedad, asumiendo un plus de responsabilidad. En mi caso, con carácter previo y como seguiré haciendo en lo sucesivo, tengo depositadas mis declaraciones de la renta, así como las de mi cónyuge, en la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, con el fin de que se les de la publicidad que se entienda pertinente.
¿Deber& iacute;a ser obligatoria para todos los jueces y fiscales?
No. Entiendo que únicamente debe serlo para aquellos que ocupen puestos de carácter gubernativo y ajenos al estricto cumplimiento de las funciones jurisdiccionales.
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