- 'La judicialización de las controversias políticas es detestable'
Las explicaciones dadas por el ministro del Interior en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados no han resultado convincentes: Fernández Díaz, quien ya había manifestado en la nota oficial que publicó el Departamento que había hablado con Rato de asuntos personales, confirmó que el tema central de la reunión había la seguridad del exvicepresidente y de su entorno familiar.
No es estético ni moralmente admisible que el jefe máximo de las fuerzas de seguridad del Estado se entreviste con quien está siendo investigado por la policía a su cargo
Parece claro que la seguridad de las personas tutelada por el Estado debe provenir de consideraciones técnicas que valoren el riesgo objetivo que afecta a cada una de ellas. En un país como éste que ha padecido durante décadas la lacra del terrorismo, hay experiencia en esta materia. Y parece claro que no ha de ser el ministro del Interior el encargado de recibir las inquietudes de quienes se sienten amenazados, y mucho menos de resolverlas. De modo que, si la preocupación de Rato era la seguridad, el problema debió resolverse a otros niveles, muy alejados del ámbito propiamente político. La oposición ha vapuleado hoy al ministro con estos argumentos, sin duda contundentes.
En realidad, el asunto es sencillo: a la hora de valorar la pertinencia o de la entrevista, Fernández Díaz debió haber tenido en cuenta dos criterios, suficientes para rechazarla. En primer lugar, no es estético ni moralmente admisible que el jefe máximo de las fuerzas de seguridad del Estado se entreviste con quien está siendo investigado por la policía a su cargo (la UCO de la Guardia Civil investiga el posible blanqueo de dinero que se atribuye a Rato). Y en segundo lugar, el PP y el Gobierno, cercados por numerosos episodios de corrupción, deben tender un cordón sanitario que los aleje absolutamente de estos núcleos sospechosos. Si perjuicio de que se rehabilite a quien proceda cuando desaparezcan las imputaciones.
Dicho esto, hay que añadir que Fernández Díaz ha cometido sólo un error político, que no tiene en absoluto trascendencia penal. La judicialización de las controversias políticas es detestable y desfigura la dialéctica que debe caracterizar la saludable tensión entre el poder y la oposición. El PSOE, por tanto, se equivoca al emprender esta deriva que no conduce a parte alguna. Ya es hora de que lo políticos polemicen con sus propias armas, sin involucrar a jueces y tribunales que, en un régimen de separación de poderes, tienen otros cometidos bien distintos y sin embargo también trascendentes.
Antonio Papell
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