El PP podría ser embargado por la 'caja B' si no paga 1,2 millones en diez días según el juez

Malas noticias para el Partido Popular en plena precampaña electoral, la Audiencia Nacional señala a la formación que tiene diez días para pagar una cantidad de 1,2 millones de euros como responsable civil subsidiario por la famosa contabilidad 'B' que habría llevadon los 'populares' a lo largo de los años. El juez José de la Mata es el máximo responsable de la causa judicial.

Este montante se trataría del dinero que deberían haber abonado los extesoreros de la formación, entre otros

Según informa el diario ABC, este montante se trataría del dinero que deberían haber abonado los extesoreros de la formación, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, ambos condenados, además del exdirigente 'popular' Cristobal Pérez y la empresa de Gonzalo Urquijo, unifica, que era la encargada de realizar obras en la sede de Génova. "No alcanzándose a cubrir la totalidad de las cantidades exigidas a los acusados y responsables civiles directos antedichos, procede requerir al Partido Popular, en su condición de responsable civil subsidiario, en la persona de su representante legal, conforme a lo dispuesto en el auto de apertura de juicio oral", se señala en la diligencia del juzgado.

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DIEZ DÍAS PARA CUBRIR 1,2 MILLONES

Ese auto, daba diez días a los responsables civiles subsidiarios para cubrir la caución de 1,2 millones de euros, con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes si no presta la caución. Esta cantidad obedecía a las cantidades defraudadas en la reforma de la sede de Génova y los donativos presuntamente irregulares, informa Europa Press. De la Mata sentó en el banquillo de los acusados al Partido Popular (PP) como responsable civil subsidiario por haberse financiado con 'cajas B', que se habrían nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar "gastos generados en campañas electorales, retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones a personas vinculadas con el partido o servicios relacionados con la actividad del partido".

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Así constaba en el auto del pasado mayo en el que abría juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica que reformó la sede de Génova Gonzalo Urquijo, Belén García y su empleada Laura Montero y consideraba que esta empresa junto a la formación política deben ser juzgados como responsables civiles subsidiarios de los presuntos delitos que habrían cometido los seis acusados.

EL PP EMITE UN COMUNICADO DONDE EXPRESA SU VERSIÓN DE ESTE REQUERIMIENTO

Desde la formación han querido expresar su versión de esta petición de la Audiencia Nacional, mediante un comunicado que indica: "El Partido Popular aparece en esta pieza exclusivamente como posible responsable civil subsidiario de posibles delitos fiscales cometidos por otras personas, lo cual significa, por un lado, que no es el Partido el que está acusado, y por otro, que sólo responderá si existe delito y si los autores del mismo carecen de bienes" señala el PP en este nota.

Además desde el partido se señala que "en cuanto a la existencia de delito, debe recordarse que ni el Ministerio Fiscal ni la Hacienda Pública entendieron que existiera delito en relación con los hechos de los que se pretende hacer responder subsidiariamente al Partido. Por lo demás, el asunto se encuentra pendiente de celebración de juicio ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional, por lo que los hechos no han sido todavía enjuiciados".

Por último, el partido ha apuntado que "ejercitará todas las acciones a su alcance para defenderse de las infundadas acusaciones formuladas, tanto en el juicio oral como en la fase previa al mismo, al objeto de esclarecer por completo su falta de responsabilidad de cualquier tipo en los hechos que se enjuician".