MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El Grupo Popular en el Senado ha impedido este jueves con su mayoría en el Senado que la Comisión de Exteriores aprobase una moción para instar a todas las autoridades y a las empresas afectadas a garantizar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que dejan claro que los acuerdos comerciales entre Marruecos y la UE no pueden aplicarse al Sáhara Occidental.
El portavoz adjunto del PP, Pedro Agramunt, ha subrayado que España cumple todas las resoluciones judiciales, pero ha argumentado su voto en contra afirmando que "una declaración institucional" de ese tipo sería "muy contraproducente" para los contactos técnicos entre la UE y Marruecos con el fin de cumplir la sentencia, e incluso podría "conducir a una crisis política con Marruecos en la que España, como país vecino, sería la principal afectada".
La moción debatida se refería a la sentencia de 2016 sobre el acuerdo comercial entre Marruecos y la UE, a la que esta misma semana se ha sumado una segunda relativa al acuerdo pesquero. El tribunal ha considerado que este acuerdo es válido porque no se aplica al Sáhara Occidental.
En el caso del acuerdo agrícola, Agramunt ha recordado que la UE y Marruecos están negociando en un nivel técnico para ver cómo puede aplicarse la sentencia. A su modo de ver, está claro que las sentencias hay que acatarlas, pero sin perjudicar a los sectores económicos afectados.
La moción, que había sido propuesta por Compromís, pretendía instar al Gobierno a expresar su preocupación por la "explotación de los recursos naturales del Sáhara occidental" por parte de empresas europeas que de esta forma están vulnerando el derecho internacional. También a que hiciese un llamamiento a las empresas para que cesasen actividades que pudieran "favorecer la perpetuación de la ocupación".
El PP ha rechazado con sus votos esta moción y también otra que instaba al Gobierno a implicarse más en la solución del contencioso del Sáhara Occidental, argumentando que en su lenguaje había palabras que no forman parte de la posición oficial española, como "ocupación" o "invasión".
El Gobierno español, ha recalcado, se mantiene en su posición de defender para el Sáhara Occidental una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui conforme a la Carta de la ONU. La posición española también pasa por que la ONU tenga una centralidad en la solución de ese contencioso.
Además, ha recordado que España es el principal donante de ayuda para el pueblo saharaui (10 millones en 2015) y ha insistido ante los diputados de la oposición en que España puso fin a su presencia en el Sáhara Occidental hace 42 años, de manera que no tiene "ninguna especial responsabilidad jurídica" y menos en relación con la cuestión del Tribunal de la UE, que recae en el ámbito europeo.
RIFIRRAFE ENTRE PP Y PODEMOS POR LOS DERECHOS HUMANOS
Por otro lado, el PP ha sacado adelante una moción instando al Gobierno a "contribuir al cumplimiento práctico" de los Derechos Humanos entre los países miembros de la ONU, una iniciativa que le ha costado un enfrentamiento con la portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Para la portavoz 'morada', Idoia Villanueva, el PP tiene "muy poca vergüenza" por promover esa moción teniendo en cuenta que España ha sido condenada por "trato degradante" y por practicar "devoluciones en caliente". Desde el PP, Carlos Aragonés le ha pedido que retirase esa acusación y ha afeado a Podemos que tenga una actitud de "macho alfa" en materia de Derechos Humanos.
La moción ha salido adelante con los votos también del PSOE, con su portavoz, Óscar López, afirmando que no podía oponerse a algo que le parecía "como de Gila", que es que España deba defender los derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos.