BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)
El Parlamento Vasco decidirá este jueves si envía observadores al juicio que se celebrará en enero en el Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas catalanes, con el fin de "verificar" que en él "se respetan rigurosamente las garantías y los derechos" de los procesados.
El debate en el pleno de la Cámara vasca se producirá a instancias de EH Bildu, que presentó una iniciativa sobre el proceso contra los líderes soberanistas de Cataluña, en la que incluye "el compromiso adquirido" por los parlamentarios de Euskadi que visitaron el pasado mes de octubre a presos independentistas en prisión de enviar una delegación a la vista oral.
En línea similar, Elkarrekin Podemos defiende que "entidades independientes, expertas y reconocidas internacionalmente en la observación de los derechos humanos" asistan al juicio.
Una delegación de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco --integrada por parlamentarios del PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, ya que el PSE-EE y el PP no enviaron representantes-- visitó en octubre a los procesados encarcelados para expresarles su solidaridad y reclamar su libertad.
Se prevé que los jeltzales, la coalición soberanista y la formación morada lleguen a un texto consensuado en el que pedirán la excarcelación de los acusados y denunciarán la judicialización de una cuestión que consideran política, como han hecho en anteriores ocasiones, pero se encuentran negociando la posibilidad de incluir la intención de enviar observadores al juicio, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.
En su proposición no de Ley, la parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia pide a la Cámara vasca que denuncie que en el Estado español "se instrumentaliza la justicia", que declare que los delitos que se imputa a los independentistas catalanes y las penas solicitadas "constituyen un disparate jurídico", y que en Cataluña existe "un conflicto político se debe solucionar política y democráticamente, dejando que Cataluña decida libremente su futuro".
Tras reclamar la puesta en libertad "inmediata" de los presos, emplaza a que, "en virtud del compromiso adquirido" por los parlamentarios vascos que visitaron a los reclusos en octubre, el Parlamento envíe una delegación formada por los miembros de la Comisión de Trabajo y Justicia, "en calidad de observadores", al juicio con el objetivo de "verificar" que en él "se respetan rigurosamente las garantías y los derechos de las personas procesadas".
EXCARCELACIÓN
El PNV y Elkarrekin, a través de sendas enmiendas a la totalidad, coinciden en su exigencia de excarcelación de los encausados. El portavoz del grupo jeltzale, Joseba Egibar, denuncia "el diseño, impulso y control practicado desde instancias políticas sobre el proceso penal contra cargos institucionales y dirigentes soberanistas catalanes".
Asimismo, censura "la quiebra absoluta de la separación de poderes y la estrategia para "dirigir el Poder Judicial desde instancias políticas con el objetivo político indisimulado de 'descabezar líderes del soberanismo catalán y liquidar el independentismo'", en alusión a las declaraciones realizadas por la exvicepresidenta del Gobierno del PP, Soraya Saenz de Santamaría, con el fin de "condicionar, suspender e intervenir la vida democrática legítima de las instituciones de Catalunya".
También insta a "los distintos poderes del Estado español arespetar al pueblo de Cataluña" y las decisiones "que libre ydemocráticamente adopte sobre su futuro".
Por su parte, el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, solicita que se abra, "de forma inmediata, un diálogo sincero e inclusivo entre los agentes políticos y sociales de Catalunya que permita encauzar un conflicto de naturaleza fundamentalmente política".
Además, considera que los cargos "son excesivos, la pena deprisión preventiva incondicional desproporcionada", y muestra sus "serias dudas sobre la parcialidad y falta de garantías de la actuación judicial como del ministerio fiscal".
PROCEDIMIENTOS LEGALES
También el PSE-EE ha enmendado a la totalidad la iniciativa de EH Bildu para pedir al Parlamento vasco que reconozca "la existencia en Cataluña de un problema político y de convivencia", que "debe ser resuelto por los representantes elegidos por los ciudadanos por un procedimiento de negociación, pacto, tramitación y aprobación con el máximo consenso" siguiendo las normas "jurídico-legales vigentes".
Tras señalar que "el problema entre Cataluña y el resto de Españano se solucionará en el ámbito judicial", considera "esencial el respeto a las decisiones adoptadas por los tribunales, así como el respeto a la separación de poderes, principio básico en un Estado de Derecho".
Por último, insiste en emplazar al conjunto de partidos a participar "activamente en el imprescindible proceso de reforma de la Constitución que, reconociendo las singularidades de los diferentes territorios que lo conforman, ahonde en el proyecto común de España, sin perjuicio de que, mientras tanto, se pueda ir acordando, en el marco del diálogo entre el Gobierno de España y el de Cataluña, medidas concretas que contribuyan a la recuperación de las inversiones en infraestructuras estratégicas, así como el desarrollo del Estatut".