SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves pedir que la Junta se dirija al titular de la Basílica de la Macarena, en Sevilla, para que, en el plazo de un mes como máximo, proceda a la exhumación y retirada de los restos del golpista Queipo de Llano de su actual ubicación, en virtud de una Proposición no de Ley de Adelante Andalucía que en este punto ha sido rechazada por PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox.
El PSOE-A sí había respaldado este punto pero una vez que Adelante había aceptado una enmienda que instaba al Gobierno a desarrollar el artículo 32 de la ley para dar garantías jurídicas al asunto de Queipo de Llano.
Con la misma correlación de votos, la Cámara andaluza ha rechazado pedir a la Junta que apruebe antes de que termine el actual periodo de sesiones el desarrollo normativo de la Ley andaluza de Memoria, priorizando los aspectos relativos al régimen sancionador así como a un nuevo protocolo de exhumaciones; y tampoco ha salido adelante pedir que aumente la partida destinada a Memoria en el Presupuesto del 2020.
Otro de los puntos rechazados proponía incrementar, de manera progresiva, la financiación de actividades relacionadas con el derecho a la verdad y la reparación de las víctimas; así como retirar, en un plazo máximo de tres meses, la simbología franquista que aún permanezca en los edificios de titularidad de la Comunidad autónoma.
Si bien Vox ha rechazado la iniciativa en su totalidad, con el apoyo del resto de fuerzas se ha aprobado pedir a la Junta que garantice el cumplimiento que obliga a la denuncia judicial cuando se localicen fosas comunes; que se inscriba en el Catálogo de Lugares y Senderos de la Memoria, la carretera Málaga-Almería, como Sendero de la Memoria, y La Colonia de Víznar como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía; y reclamar al Gobierno central la desclasificación de toda la documentación que guarde relación con hechos acontecidos en Andalucía y copia certificada de la documentación relativa al asesinato de Manuel José García Caparrós.
Entretanto, y con el apoyo de PSOE-A, Adelante y Cs, y el rechazo del PP-A, se ha aprobado reclamar al Gobierno central que solicite a la Secretaría de Estado del Vaticano las medidas oportunas para la apertura de los archivos eclesiásticos diocesanos para la consulta de sus fondos en el periodo de referencia; y también que se elabore un censo guía de los archivos andaluces de los fondos de que dispone relativos al periodo que abarca la Ley andaluza de Memoria.
En defensa de la iniciativa, Ana Naranjo ha llamado la atención sobre "los constantes incumplimientos" de esta ley, el "descenso" de la inversión presupuestaria, así como "el escaso o nulo interés" por parte de la Junta con el traspaso de las competencias de la Consejería de Presidencia a Cultura, junto a una "falta de compromiso claro y concreto".
POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS
Para posicionar al PSOE-A, el diputado Javier Fernández ha defendido que esta iniciativa recoge "una reivindicación justa de lo que es la Ley de Memoria andaluza", una norma que ve como "un instrumento más que válido para que el Gobierno pueda cumplir con la verdad, justicia, reparación y no repetición".
Y así, ha incidido en que las leyes "no son de los gobiernos ni los grupos que los apoyan, sino de todos los ciudadanos", al tiempo que ha acusado al Gobierno que comparten el PP-A y Cs de "desmantelar toda la política de memoria" pues "no tiene compromiso con la memoria histórica y democrática" de Andalucía.
En nombre del PP-A, el diputado Adolfo Molina ha suscrito el derecho de los ciudadanos de saber sobre todas las víctimas por cuestión de "humanidad" y así "cerrar las heridas personales de ese negro periodo", teniendo en cuenta que la Transición cerró con la herida global del país. Además, ha detallado los trabajos que la Junta está realizando en este ámbito, pero ha advertido de que Adelante "nunca estará satisfecho".
Por su parte, el diputado de Cs Francisco José Carrillo ha instado a "no olvidar el pasado pero también a cerrar heridas", de manera que es "bueno tener memoria" pero "no la transmutemos por nuestra memoria, nuestra justicia y nuestra verdad" porque es "un flaco favor" a las víctimas. Tras señalar que esta PNL "carece de sentido" y es "arbitraria" con los plazos de cumplimiento, ha advertido de que esta iniciativa lo que intenta es "poder seguir de este tema" en el futuro.
Por último, en nombre de Vox, Benito Morillo ha reprochado a "la ultra izquierda que desde el 2002 ha traído al Parlamento 135 iniciativas sobre Memoria y solo en siete ocasiones ha hablado de pobreza energética o 21 de corrupción". Ha acusado a Adelante de estar "obsesionado por el pasado que se zanjó cuando el 96 por ciento de los españoles votó la Constitución apostando por un proyecto de concordia nacional", y les ha llamado "estrategas del revanchismo", acusándoles de "dividir a españoles entre héroes y villanos".