- También deben declarar como peritos dos guardias civiles autores del dictamen técnico sobre el análisis de los programas informáticos del 9N
- El viernes, Mas, Ortega y Rigau podrán aprovechar su derecho a la última palabra y el juicio quedará visto para sentencia
- El jefe de prensa de Ortega asegura en el juicio del 9N que el Govern dejó de actuar tras el veto del TC
La Fiscalía mantiene su petición de diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos electos y funciones de gobierno para el expresidente de la Generalitat Artur Mas por los supuestos delitos de desobediencia grave en calidad de autor y de prevaricación por la organización de la consulta del 9N, en la recta final del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
El fiscal Emilio Sánchez Ulled, en sus conclusiones en la cuarta y penúltima sesión del juicio en la sala civil y penal, ha ratificado íntegramente sus conclusiones y las ha elevado a definitivas, con lo que sigue pidiendo nueve años de inhabilitación para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau -en ambos casos por desobediencia grave cometido por autoridad pública como cooperadoras necesarias y prevaricación administrativa-.
El Ministerio Público considera que, si el tribunal optase por imponer por separado las penas de ambos delitos, las condenas totales deben ser de nueve años y seis meses para Mas, y de ocho años y siete meses tanto para Ortega como para Rigau, además de una multa.
DECLARACIONES DEL CUARTO DÍA
En la cuarta jornada del juicio, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha escuchado las declaraciones de 9 testigos pedidos por la defensa de Joana Ortega, como la alcaldesa de Vilanant (Girona), Anna Palet (PDeCAT); su exjefe de prensa Carles Fernández; la secretaria de Administración, Meritxell Masó, y la exdiputada de ERC en el Parlament Gemma Calvet.
El que fue jefe de prensa de la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega, Carles Fernández, ha asegurado este jueves en la cuarta sesión del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que después de la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) de la consulta se le transmitió que debía comunicar que el Govern "dejaba de tomar participación activa".
Fernández -que se encargaba de las comparecencias y mensajes de prensa- ha detallado que recibió instrucciones para dejar de actuar respecto a los preparativos de la consulta: "Yo dejé de dar instrucciones a trabajadores públicos y les requerí que no hicieran gestiones".
Fernández, que comparece a petición de Ortega, ha expresado que los dos mensajes que siempre le hicieron vehicular respecto a la consulta sobre la independencia de Cataluña antes de las dos suspensiones del TC -la del 29 de septiembre en base a la ley de consultas y la del 4 de noviembre- fue que la consulta "se haría bien" y con respeto a la legalidad.
A su turno, la alcaldesa de Vilanant (Girona), Anna Palet, ha explicado en el juicio que ella misma "como voluntaria" se encargó de abrir un local propiedad del Ayuntamiento para acoger la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014, después de ponerse de acuerdo con los concejales pero sin que se votase en el pleno municipal.
Según ha explicado este jueves como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la alcaldesa ha relatado que este municipio, de unos 400 habitantes, no tiene instituto de secundaria y por eso fue este local el que pusieron a disposición del 9N: "Lo cedemos a cualquiera que nos lo pide".
PERICIAL
Después deben declarar como peritos dos guardias civiles autores del dictamen técnico sobre el análisis de los programas informáticos aportados por la empresa T-Systems y utilizados el día de la votación.
También está prevista la prueba documental y los informes finales --que concluirán el viernes-- en los que la Fiscalía, la acusación popular y las defensas expondrán sus conclusiones definitivas.
Ya el viernes, tras la prueba documental y los informes, Mas, Ortega y Rigau podrán aprovechar su derecho a la última palabra y el juicio quedará visto para sentencia.
