El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido este lunes la investigación sobre los papeles de Bárcenas y ha dado por acreditada la existencia de una caja b en el Partido Popular entre 1990 y 2008.
En base a estas informaciones, publicadas por El País, el magistrado ha presentado un auto de 190 páginas en el que pide el procesamiento de Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, ambos extesoreros de la formación gobernante, así como el del exgerente popular Cristóbal Páez y el de los responsables de Unifica, el estudio de arquitectura al que se le encargó la reforma de la sede nacional del PP.
CONTABILIDAD 'AL MARGEN'
Ruz ha añadido en el auto que considera que el PP es responsable de un delito fiscal al no tributar los donativos correspondientes a 2008. Además, ha señalado que queda “indiciariamente acreditado” que la formación liderada por Mariano Rajoy recurrió a “fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal” entre 1990 y 2008.
Según el auto, durante este periodo, la formación habría recibido “aportaciones que, de forma sistemática, (…) habría incumplido los límites, requisitos y condiciones establecidos en la ley”.
El magistrado hace referencia a que el partido recurrió a una contabilidad “al margen de la oficial” en la que se registraban “corrientes financieras de entradas y salidas de dinero”. Ruz se ha referido a esta contabilidad como “contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas b”.
Finalmente, ha abierto una pieza separada que ha enviado a una corte de Toledo sobre la adjudicación del contrato de recogida de basuras a la empresa SUFI. Este caso salió a la luz después de que el propio Bárcenas informara de que se correspondía a una donación de 200.000 euros para la campaña de 2007 de la actual presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
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