- Los acuerdos de estabilidad presupuestaria que se someterán a votación son los del mismo año 2016
- El Gobierno quiere que el Congreso convalide los decretos leyes con medidas fiscales y financieras
El Gobierno ha pedido que el Pleno del Congreso del jueves 15 de diciembre vote el techo de gasto de 2017 y el resto de los objetivos de estabilidad presupuestaria, así como el primer paquete de medidas económicas aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que incluyen la subida de impuestos especiales y del salario mínimo (SMI) y la nueva regulación del impuesto de sociedades.
Según un escrito registrado en el Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno ha solicitado a la Cámara que en esta misma sesión plenaria se someta a debate y votación tanto los acuerdos de estabilidad como la convalidación de los dos decretos ley aprobados por el Ejecutivo el pasado viernes, que recogían subidas de impuestos y medidas referidas al FROB y a la Sareb. La última palabra la tendrá la Junta de Portavoces, que se reunirá el próximo martes.
La última palabra la tendrá la Junta de Portavoces, que se reunirá el próximo martes
Los acuerdos de estabilidad presupuestaria que se someterán a votación son los del mismo año 2016, con los nuevos objetivos de déficit y de deuda en virtud de la flexibilización de los compromisos acordados con Bruselas, y los del período 2017-2017 recientemente acordados con las comunidades autonómicas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
TECHO DE GASTO, TOPES DE DEUDA Y EL REPARTO DEL DÉFICIT
En este último acuerdo también se someterá a votación el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 --conocido como techo de gasto--, recortado este año en unos 5.000 millones respecto a 2016 pero coincidente con el ejecutado dicho año: 118.337 millones de euros. Se considera el prólogo de los Presupuestos Generales, cuyo proyecto piensa presentar el Gobierno a principios del próximo año.
Estas cifras permitirán, según aseguraba el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, el pasado viernes tras su aprobación en el Consejo de Ministros, reducir el déficit hasta alcanzar el 3,1% respecto al PIB --2016 se ha cerrado con un desfase del 4,6%-- comprometido con la Comisión Europea.
Al mismo tiempo, el Gobierno quiere que el Congreso convalide los decretos leyes con medidas fiscales y financieras aprobadas por el Consejo de Ministros ese mismo viernes, uno con subidas de impuestos y otro que establece cambios en el régimen contable de la Sareb, el conocido como 'banco malo'.
Las medidas tributarias recogidas en el primero de ellos contemplan elevar la fiscalidad del Impuesto sobre Sociedades en 4.650 millones de euros, junto con un incremento de 150 millones de euros por el aumento de los impuestos especiales sobre el alcohol (un 5%) y el tabaco (entre un 2,5% y un 6,8%).
En el mismo decreto ley, que ya está en vigor, el Gobierno recoge en una disposición adicional en la que se compromete a fijar el salario mínimo interprofesional para 2017 con un incremento del 8 por 100 respecto del vigente, así como una subida de las cotizaciones a la Seguridad Social.
El Gobierno quiere que el Congreso convalide los decretos leyes con medidas fiscales y financieras aprobadas por el Consejo de Ministros ese mismo viernes
Asimismo, el decreto ley incluye diferentes medidas en la lucha contra el fraude con los que Hacienda espera recaudar alrededor de 2.000 millones de euros y el endurecimiento de los aplazamientos de pago de deudas con la Agencia Tributaria.
BANCO MALO Y FONDO EUROPEO
Por último, el decreto ley referido a medidas de carácter financiero establece cambios en el régimen contable del llamado 'banco malo' --facilitará la aparición de beneficios al no contabilizar como pérdidas las minusvalías que resulten de retasar activos-- y amplía dos años más el plazo para privatizar Bankia y BMN --hasta finales de 2019 y finales de marzo de 2020--.
Por último también se incluye una autorización al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para poner a disposición una línea de crédito de 5,3 millones de euros correspondiente a las obligaciones de España con la Unión Bancaria.