- El Constitucional suspenderá la investidura automáticamente, dejando al Parlament en un limbo legal
El Gobierno mantiene su intención de seguir adelante con la impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC) de la candidatura de Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, a pesar del criterio expresado por el Consejo de Estado en contra de que este sea el momento de hacerlo, según fuentes del Ejecutivo.
El Alto Tribunal suspenderá automáticamente la resolución de la Mesa del Parlament firmada el 22 de enero, por la que el único postulante en el pleno de investidura, que se ha programado para el martes, 30 de enero, a las 15 horas, es el expresident de la Generalitat. Esta situación dejará al presidente del organismo en un limbo legal, ya que si sigue adelante podria incurrir en desobediencia.
Expertos consultados exponen que el Constitucional, además de la suspensión, deberá aclarar en qué situación quedan los tiempos que se describen en el Estatut para la investidura o, en su defecto, obligar a Torrent a proponer otro candidato. No obstante, juristas preguntados por este medio sostienen que esta sería una intromisión del poder Judicial en el Legislativo. En su defecto, el tribunal debería aclarar si la investidura también queda en suspenso hasta que resuelvan sobre el recurso del Estado. El TC ya ha adelantado que prevé resolver con celeridad, por lo que podría convocar un pleno este mismo fin de semana.
OPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO
De vuelta a la respuesta del Consejo de Estado, el órgano consultivo ha enviado este jueves por la tarde al Ejecutivo los informes que le ha solicitado tanto para llevar al TC la candidatura de Puigdemont firmada por el presidente del Parlament, Roger Torrent, como sobre otros aspectos del proceso.
El Consejo se ha reunido de forma extraordinaria y ha respondido al Gobierno que avala los argumentos jurídicos planteados pero discrepa sobre el momento de llevar el recurso al TC.
Su informe es preceptivo, es decir, que es obligatorio que el Ejecutivo lo solicite antes de acudir a los tribunales, pero no es vinculante, por lo que las mismas fuentes han confirmado que el Ejecutivo sigue adelante con su intención de presentar el recurso contra la candidatura de Puigdemont, firmada el 22 de este mes por Torrent y publicada en el Boletín de la Generalitat al día siguiente, el 23 de enero.
Tanto el martes como el miércoles, el Gobierno ha explicado que no veía recurrible la firma de la propuesta de candidatura, aunque no cerraba la puerta a acudir al Constitucional; lo aseguró primero el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y también el propio presidente, Mariano Rajoy.
Hoy, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la intención de impugnar ese paso del presidente del Parlament y la petición previa de informe al Consejo de Estado, que ha resultado no ser coincidente con el criterio del Ejecutivo sobre el momento del recurso.
La intención del Gobierno, según ha anunciado la vicepresidenta, es impugnar la resolución del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, del pasado 22 de enero en la que propone a Puigdemont como candidato y que fue publicada al día siguiente en el Boletín de la Generalitat.
Santamaría ha añadido que se impugna la candidatura por entender que Puigdemont está "huido" de la Justicia y hay una orden de detención contra él, por lo que "no concurren en él las circunstancias que permitirían una investidura presencial".
"Carece por tanto del derecho de libertad deambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia porque tan pronto como entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial", ha abundado Santamaría.