- Munté ha enumerado hasta 11 sentencias del TC que el Estado está incumpliendo
- Desde Convergència lo consideran el mayor ataque a la democracia desde 1978
La vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, ha rechazado este martes que la propuesta del PP de reformar el TC para que pueda suspender a funcionarios y gobernantes que incumplan sus sentencias es electoralista y podría ser "inconstitucional", aunque admite que deben estudiar la proposición de ley cuando se sepa al detalle.
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Lo ha dicho en rueda de prensa tras el Consell Executiu, al preguntársele por la proposición de ley para que el TC pueda multar y suspender a funcionarios y gobernantes que incumplen sus decisiones, lo cual sería aplicable a todas las administraciones pero está pensado por si Cataluña declara su independencia.
Munté ha enumerado hasta 11 decisiones del alto tribunal que el Estado no está ejecutando
Munté interpreta que el PP reacciona así al proceso soberanista con "represión, endurecimiento de multas y posible suspensión de funciones", y ha dicho que es el Estado el que está incumpliendo sentencias. Así, la vicepresidenta del Govern ha enumerado hasta 11 decisiones del alto tribunal que el Estado no está ejecutando.
Asimismo, Munté ha destacado que este movimiento del PP "es una buena prueba" de que el Gobierno considera que el 27S será mucho más que unas elecciones autonómicas normales.
ATAQUE A LA DEMOCRACIA
Por otra parte, el portavoz de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha denunciado que la proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional presentada por el PP para que pueda suspender a gobiernos que incumplan sus sentencias es "el mayor ataque a la democracia que se ha producido desde 1978".
"Si nos quieren a todos delante de los tribunales iremos, pero defenderemos nuestra patria", ha avisado el portavoz de CDC en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, tras afirmar que el 27 de septiembre Cataluña celebrará "elecciones plebiscitarias".
LAS IMPLICACIONES
Fuentes jurídicas consultadas han explicado que la reforma que quiere llevar a cabo el PP implica un cambio de funciones en el TC, que pasará a ejercer funciones reservadas a otros tribunales. De hecho, el cambio más notable es que "personas elegidas democráticamente se podrán expulsar por decisión de los magistrados de Constitucional".
Expertos en derecho también han comentado ante este medio que se puede producir la paradoja de que "la reforma del Constitucional acabe siendo impugnada ante el mismo Constitucional" si lo pide algún grupo parlamentario.
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